Diego Herchhoren.— El plan de transformación y resiliencia del gobierno del PSOE y Podemos es francamente multifacético. En esta web hablamos mucho sobre pasaportes, confinamientos, vacunas y aspectos relacionados con el coronavirus, y vamos a seguir haciéndolo, pero hay más que eso.
Según el Foro Económico Mundial, uno de los laboratorios de pensamiento que ha impulsado este «plan de transformación», una de las premisas de esta «nueva era» será que «no tendrás nada, pero serás feliz», recordando casi automáticamente a la no tan distópica obra de Aldous Huxley. Y una de las cosas que nadie deberá tener en esta etapa será su propia vivienda, derecho que será reservado a quien pueda pagarlo.
La idea de convertir a España en nación de inquilinos se ha ido consolidando en los últimos años, pero se ha acelerado a raíz de la “pandemia” (como tantas otras cosas). Una agenda oculta, relegada a las últimas páginas, detrás de los grandes números rojos sin sentido del coronavirus, pero quizás no menos siniestra.
Puede encontrar artículos en toda la red que hablan de lo positivo del alquiler sobre la propiedad.
En mayo, por ejemplo, el diario El Confidencial destacó uno de los proyectos de la llamada España 2050: «¿Nada cambiará en 2050? Hacia una España de ricos propietarios y pobres inquilinos«. El portal especializado Pisos.com decía: «¿Dejará España de ser un país de propietarios?»
Esta narrativa que veremos muy a menudo a partir de ahora no es casualidad. Los principales caseros de España, como por ejemplo Blackstone o Caixabank, junto con empresas de alquiler como Vivenio Residencial, están comprando viviendas unifamiliares en cantidades récord, a veces barrios enteros a la vez, con la complicidad de muchas administraciones públicas.
Pagan muy por encima del valor real, poniendo precios a las familias que quieren ser propietarias de esas casas fuera del mercado, lo que encarece el mercado de la vivienda mientras la recesión creada por el confinamiento está reduciendo los salarios y creando centenares de miles de nuevos desempleados o trabajadores «golondrina» (que tienen trabajo a veces).
Y por supuesto, esto está animando a las personas a vender las casas que ya poseen. Hay personas en toda España dispuestas a entregar su vivienda, ya sea por una dación en pago hipotecaria o por meros fines de lucro, ansiosas por tomar el efectivo de las firmas de inversión privadas que pagan entre un 10% y un 20% sobre el valor de mercado. Combine una recesión económica brutal con un boom inmobiliario creado, y tendrá una enorme población de vendedores motivados.
Por supuesto, muchos de estos vendedores no se dan cuenta, hasta que es demasiado tarde, que incluso si intentan irse a una casa más pequeña o mudarse a un área más barata, pueden quedar fuera del mercado por completo y verse obligados a alquilar.
Un informe de Fotocasa reconoce que en los últimos cinco años el alquiler ha aumentado más de un 50% y todo indica que este problema empeore en un futuro próximo, ya que el llamado «escudo social» del gobierno de coalición carece de estadísticas de personas beneficiarias, es decir, que el número de personas que puedan acogerse es insignificante.
Los edificios vacíos serán un frenesí para los propietarios corporativos masivos. ¿Quién descenderá a los a las cloacas como hienas hambrientas para apoderarse de las propiedades embargadas por unos pocos euros?. Los mismos que lo hicieron en la etapa 2008-2015.
Y no sólo eso, el Tribunal Supremo ha derogado en la práctica una vieja norma del Código Civil, redactada en 1889, que permitía a los deudores cancelar las deudas cuando éstas eran vendidas a usureros. La consultora londinense Clifford Chance, uno de los mayores y viejos lobbys de la usura a nivel mundial, lo resumió así en su boletín en castellano: «Por fin buenas noticias para los titulares de carteras», tras la publicación de la Sentencia 5 de marzo de 2020.
España vivirá una dramática transición desde la tiranía de la hipoteca a la dictadura del alquiler.
