Las autoridades ucranianas quieren deshacerse de millones de ciudadanos disidentes. El presidente Zelensky urgió a los residentes de los territorios fuera de su control y a los ciudadanos insuficientemente leales a su Estado a marcharse a Rusia. Hay comentaristas que ya han calificado estas palabras como una velada apelación a la limpieza étnica. Volodymyr Alexandrovich ha dejado claro que las autoridades ucranianas no quieren a ciudadanos disidentes, a los que se ha categorizado colectivamente como “población prorrusa”. Aunque esta gente se limite simplemente a exigir que los nacionalistas no derriben sus monumentos, reescriban su historia y restrinjan el uso de la lengua rusa.
La retórica de Zelensky se ha plasmado en forma legislativa con las leyes No. 5143 y No.5144, que introducen la responsabilidad penal por colaboracionismo y crean el marco legislativo para la criminalización contra los residentes de las regiones de Donetsk y Lugansk. Fueron presentadas en el Parlamento por un gran grupo de diputados “servidores del pueblo” y el documento fue probablemente coordinado con la Oficina del Presidente y desarrollado en algún lugar de las oficinas de la calle Bankova. Esto significa que estos proyectos dan una idea de las verdaderas intenciones de Zelensky, que va a aplicar estas leyes a un enorme número de personas a las que se va a negar sus derechos y se va a privar de su libertad.
La ley No.5144 califica la “negación pública de agresión armada contra Ucrania”, “apoyo a las decisiones o actos del Estado agresor, formaciones armadas o la administración de ocupación del Estado agresor”, así como la cooperación con las estructuras mencionadas como actividades de colaboración. Esta forma extremadamente general y vaga de formular los términos abre la posibilidad de perseguir a millones de ucranianos. Es suficiente dudar que Ucrania esté en guerra con Rusia para poder ser inmediatamente incluido en la lista de colaboracionistas. Aunque las autoridades de Kiev nunca hayan declarado la guerra a su vecino del Este y aunque el volumen de comercio con los agresores crezca cada año a pesar de la pandemia y las sanciones.
Según los juristas ucranianos, el concepto de “apoyar la administración de ocupación” permite incluir cualquier cosa. Al fin y al cabo, según los patriotas profesionales, todos aquellos que no abandonaron Lugansk, Gorlovka o Donetsk hace siete años han apoyado de facto con su presencia la ocupación y agresión. Lo mismo se puede decir con la acusación de colaboración. Este artículo posibilita acusar a los maestros de escuela, los empleados del servicio de vivienda, los empleados de banco, los ingenieros civiles, los funcionarios, secretarios, contables e incluso limpiadores.
Si se adoptan esas leyes, será posible imponerles las penas más severas. Se propone, por ejemplo, una pena de privación de derechos por un plazo de entre diez y quince años por “ocupación voluntaria por un ciudadano de Ucrania de un puesto no relacionado con el cumplimiento de funciones organizativas, administrativas o económicas en las autoridades ilegales establecidas en los territorios temporalmente ocupados”. Y por “propaganda en instituciones educativas, así como acciones de ciudadanos ucranianos dirigidas a introducir los estándares educativos del Estado agresor” se añade además la confiscación de bienes. Esto convierte automáticamente a los profesores locales en criminales que deben ser privados del derecho a su profesión.
Para quienes ocupen posiciones electas en los territorios fuera de control, se propone un castigo de confiscación de bienes y pérdida de derechos, así como penas de entre tres y cinco años de prisión. Y quienes hayan realizado actividades económicas “en cooperación con el Estado agresor o la «RPD/RPL» y Crimea”, serán castigados con campos de trabajo por un plazo de hasta dos años, arresto hasta seis meses o prisión hasta tres años. Esta norma se aplica a absolutamente todos los empresarios que hayan trabajado en actividades comerciales en el territorio no reconocido, da igual si eran autónomos o empresas. También a los ucranianos que legalmente realizan actividades comerciales con Rusia, incluso aquellos que transportan a personas a través de la línea de contacto, hacen pan o suministran bienes para las farmacias serán considerados criminales.
Hay sanciones previstas para prácticamente todas las categorías de la población y la amnistía prevista por los acuerdos de Minsk está específicamente excluida del texto de la propuesta de ley. Por “organizar y realizar actos políticos o realizar actividades de información en cooperación con el Estado agresor o su administración de ocupación dirigidas a apoyar al Estado agresor, la administración de ocupación o las formaciones armadas”, se propone una pena de entre cinco y diez años de prisión. Y esta ley no solo busca condenar a los políticos, sino también a los periodistas.
Quienes hayan trabajado en los cuerpos y fuerzas de seguridad en los territorios fuera de control de Kiev recibirían condenas de entre diez y doce años: porque perseguir criminales en Donetsk y Lugansk también es considerado un crimen para el público patriótico. De hecho, los “servidores del pueblo” quieren criminalizar a todos los residentes de la región y realmente pretenden hacer que se marchen al extranjero bajo amenaza de castigo colectivo. Es más, los autores de la ley llaman a usar la “justicia en ausencia” para este propósito y poder condenar así a distancia y poner en marcha este proceso.
Sin embargo, es importante recordar que las “leyes sobre el colaboracionismo” no se aplicarán únicamente en Donbass, sino que amenazan a toda la ciudadanía. Así lo confirma otra ley, la No.5143, que pretende aplastar toda disidencia en Ucrania. Concretamente, “establece el marco legal para la liquidación de partidos políticos, organizaciones públicas, caritativas o religiosas, sindicatos y formaciones públicas que hayan cooperado con el Estado agresor o con los territorios fuera de control”.
De esta forma, las autoridades tendrán la base para prohibir las actividades de cualquier partido político, sindicato u organización si sus “personas autorizadas” son acusadas de traición o si simplemente se dedican a sus propias cosas en algún lugar al otro lado. Aplicar este principio de responsabilidad colectiva es una característica de régimen totalitario de mediados del siglo pasado.
Las propuestas de ley de los “servidores del pueblo” confirman las tesis del discurso de Zelensky. Los oficiales nacionalistas pretenden deshacerse de los ucranianos incorrectos, a los que simplemente no quieren. Pronto, esta gente será oficialmente registrada como “colaboracionista”, aunque verdaderos colaboracionistas como los líderes de OUN o UPA sean enaltecidos en la Ucrania post-Maidan. La limpieza étnica realizada por esos colaboracionistas nazis amenaza con adquirir una terrible relevancia en el futuro.
