El crack de 2008 provocado por la voracidad especulativa del capital financiero cuyos beneficios millonarios estaban asegurados en paraísos fiscales, produjo en España la crisis del ladrillo y la banca. Este escenario, permitió al lobby financiero a través de la Comisión Europea neoliberal, el FMI y el Banco Mundial secuestrar la soberanía nacional mediante la imposición de reformas laborales, de pensiones y de la propia Constitución, para asegurarse que el dinero que los sucesivos gobiernos regalaban a los bancos y empresas españolas, lo pagara la ciudadanía del país. Y así llegaron las reformas de Pensiones y Laborales, que fueron impuestas sin apenas resistencia social, ni oposición, de quien tenía que representar a la ciudadanía trabajadora.
Las consecuencias de estas reformas, son visibles actualmente en el mundo laboral, ya que ha propiciado contratos precarios, desmantelado la negociación colectiva (lo que hace vulnerables las posiciones de los y las trabajadoras, permite los destajos que estaban prohibidos, como el caso de las Kellys, agricultura y subcontratas) y se han desregulado los ERE, usados por empresas con grandes beneficios y sin revoluciones tecnológicas, para despedir trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años y sustituirlos por personal joven con contratos temporales, a bajo costo y largas jornadas de trabajo como sucede en la banca actualmente. Todo ello pagado con el dinero de los propios trabajadores y trabajadoras. Por lo que se refiere a las pensiones, ahora son de menor cuantía y de más difícil acceso, mientras que los recursos de la Seguridad Social (dinero que los y las trabajadoras ingresamos en la caja de las pensiones) se han empleado en gastos que le son ajenos con el objetivo de su desmantelamiento. Se han realizados dos reformas que prolongaron la edad de jubilación, desvalorizaron las pensiones por debajo del IPC, aumentaron los años de cotización necesarios, penalizaron la jubilación anticipada en largas carreras de cotización, impusieron el factor de sostenibilidad que deja en manos de los gobiernos el importe de las futuras pensiones incumpliendo la propia Ley General de la S.S.
Desde 2008 ha crecido la pobreza y la brecha económica, los ricos son más ricos a costa lógicamente del aumento de ciudadanos y ciudadanas en pobreza severa aun teniendo trabajo, siendo especialmente grave sobre mujeres y menores. Hemos cambiado la justicia por la caridad, pero ha emergido una creciente movilización social a partir del 11M, que no está dispuesta a seguir permitiendo que nos arrebaten más derechos.
Ahora, con el pretexto de la epidemia de la COVID quieren dar un nuevo empuje en el saqueo de los recursos públicos, en particular las pensiones. Así han planteado un millonario plan de recuperación para las grandes empresas para su adaptación ecológica y de telecomunicaciones. Pero su financiación no será a cargo de quienes se han lucrado ensuciando el planeta o monopolizando las comunicaciones, sino a cargo de deuda del estado. Y para pagar esta deuda se pone de condición que se privatice uno de los pocos activos públicos que quedan: las pensiones. Creen que pueden repetir impunemente lo que hicieron después del 2008.
Bajo un supuesto Acuerdo Social, cuyo contenido real desconocen los trabajadores, pretenden iniciar la privatización de los ingresos de la Seguridad Social y desviar hacia fondos buitre nuestras cotizaciones. Se encubre esa jugada regulando que por 5 años se revaloricen las pensiones, pero en realidad esto ya lo habíamos conseguido en la calle. Su propósito es saquear las arcas del estado y desmovilizar el movimiento pensionista intentando justificar que ahora sí que van a arreglar el problema. No es la primera vez que en sanidad, educación o trabajo cada vez que hacen una reforma el resultado para la gente es que las cosas empeoran.
Pero los pensionistas, los movimientos sociales y parte del movimiento sindical no vamos a aceptar este anzuelo y hemos iniciado un proceso de información y movilización. Frente a quienes justifican esas reformas, exigimos que se auditen las cuentas de la seguridad social, porque la propaganda de que es insolvente es simplemente falsa e interesada para justificar los cambios. Ya 7 fuerza políticas del Parlamento y centenares de ayuntamientos han dado apoyo a esta exigencia.
Además, frente la pretensión de imponer sus reformas, exigimos revertir las anteriores reformas de pensiones y laborales para garantizar una pensión digna para todo el mundo por encima de los 1080€ tal como establece la carta social europea, acabar con la brecha de género de las pensiones y volver a la jubilación a los 65 años. Por todo ello vamos a volver como hace 2 años a Madrid este 16 de Octubre. Llamamos a que la población se sume a un proceso de movilización que no hemos abandonado y que tendrá continuidad en los próximos meses, hasta revertir los intentos de privatización y degradación del sistema público de pensiones que desde el sector financiero se quiere imponer en toda Europa. Este es un problema del conjunto de la ciudadanía y por ello las organizaciones firmantes llamamos a pensionistas, trabajadores y jóvenes a movilizarnos solidariamente en esta jornada y a abrir un proceso de debate sobre las pensiones en los centros de trabajo y estudio de todo el país.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN
