Una juez de Madrid eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo para que analice si la hoy diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, incurrió en un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad porque en su declaración como testigo durante el juicio del ‘procés’ se negó a contestar a Vox al ser un «partido de extrema derecha, machista y xenófobo».
La juez de Madrid, María Antonia de Torres, propone a la Sala Segunda del Supremo que juzgue a la hoy diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, porque, junto a su compañero Antonio Baños, se negó durante el juicio del procés en 2019, donde compareció como testigo y por tanto con obligación de contestar, a responder a las preguntas de la acusación Vox por ser un partido “de extrema derecha, machista y xenófobo”. Añadió que asumía las consecuencias de su actitud.
Reguant era entonces concejala de la CUP y el juez Marchena le impuso una multa de 2.500 euros y dedujo testimonio para que la justicia ordinaria analizase su negativa a declarar. En 2021 obtuvo el acta de diputada autonómica y, tal y como refleja el estatuto catalán, el Supremo es el tribunal competente para revisar los casos de sus parlamentarios si los delitos han sido cometidos fuera de Cataluña.
En su exposición razonada, a la que ha accedido la Cadena SER, la juez de Madrid, con el beneplácito de la Fiscalía, atribuye a la diputada de la CUP un delito de resistencia o desobediencia a autoridad, penado con hasta un año de cárcel o multa.
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