Olmedo Auris Melgar *.— La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, presentó el 29 de setiembre seis Proyectos de Ley lesivos a los derechos conquistados por la clase trabajadora.
El primer Proyecto de Ley: PL–00316/2021, busca que las gratificaciones, que por Ley deben ser abonadas de forma independiente del salario, sean incluidas como parte del sueldo de los trabajadores, afectando drásticamente el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios
El segundo Proyecto de Ley: PL–00317/2021, propone que el cese colectivo, válido únicamente si esta figura es propuesta por encima del 10% de trabajadores de una empresa, puede darse ahora por debajo de ese porcentaje, y de forma fraudulenta, avalando así el despido arbitrario, incluso de forma “individual”. El empleador podría recurrir a este tipo de cese sin mayor problema, alegando cualquier motivo, como los ya tradicionales “problemas económicos”, haciendo pagar la crisis a los trabajadores.
El tercer Proyecto de Ley: PL–00318/2021, plantea incrementar de 20 a 24 las horas de trabajo correspondientes a la jornada laboral part time, dificultando su debida fiscalización y sin el pago de horas extras.
El cuarto Proyecto de Ley: PL–00319/2021, propone que el personal jubilado de la PNP y de las Fuerzas Armadas pueden ser contratados como personal de Seguridad por las instituciones del Estado, y continúen percibiendo su pensión de jubilados, y una remuneración del Estado por las funciones de Seguridad que pudieran desarrollar.
El quinto Proyecto de Ley: PL–00320/2021, plantea que el Estado asuma los costos de gratificaciones, vacaciones, CTS, despido arbitrario y EsSalud de los trabajadores jóvenes y adultos mayores que pudieran ser contratados por los empleadores, excluyendo con ello a un inmenso rango de trabajadores que viven en la más completa precariedad.
El sexto Proyecto de Ley: PL–00321/2021, propone la modificación de los Artículos 57, 58, 61, 63 y 72 del Decreto Legislativo 728, que regula los contratos sujetos a modalidad por inicio o incremento de actividad, por necesidad de mercado, de suplencia, para obra determinada o servicios específicos.
El objetivo fundamental de estos Proyectos de Ley, a excepción del PL–319/2021, es seguir precarizando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, debilitando aún más la relación laboral entre los trabajadores y los empleadores.
Cualquier proyecto de Reforma Laboral debe plantearse previa discusión y consenso en el Consejo Nacional de Trabajo – CNT, que, como le corresponde, debería ser promovido por el propio Ministerio de Trabajo.
En las relaciones laborales debe primar, ante todo y sobre todo, la buena fe de las partes involucradas, y de acuerdo con los Convenios firmados entre el Estado peruano y la Organización Internacional del Trabajo – OIT. Por tanto, antes de realizar o promover iniciativas legislativas o modificaciones en la legislación laboral del Estado, se debe promover el diálogo tripartito, por lo que denunciamos que en el Congreso de la República, y al amparo de una mayoría de derecha, se pretende aprobar, sin participación ni menos aprobación de los trabajadores, estos Proyectos de Ley antilaborales.
Toda Reforma Laboral debe estar orientada a proteger a los trabajadores, que son la relación jurídica más débil en relación con el empleador, y, por ello mismo, debe servir para la mejora de la calidad del empleo, garantizando así los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y no en menoscabo de sus derechos, y menos aún de aquellos que la Constitución garantiza.
No se puede generar empleo digno haciendo tabla rasa de los derechos y beneficios de la clase trabajadora.
Por lo que invocamos, muy fraternalmente, a la clase trabajadora de nuestra querida patria y a sus organizaciones sindicales como la CGTP, a responder y defender enérgicamente, a raves de la acción directa de masas, los derechos conquistados en heroicas jornadas de lucha.
* Secretario de la Comisión Nacional Obrera, Sindical y Popular del Partido Comunista del Perú – Patria Roja.
