Ayer un tribunal federal volvió a desautorizar a Biden, que intenta imponer la vacunación obligatoria a los trabajadores de las grandes empresas estadounidenses. El tribunal confirmó la suspensión de la obligación. Los tres jueces del Tribunal de Apelación de Nueva Orleans declararon que el requisito de vacunación “excede con mucho” la autoridad del gobierno. Esta decisión se produce después de una sentencia similar la semana pasada que suspendió la obligatoriedad.
La orden de vacunación pretende obligar a decenas de millones de trabajadores de empresas con más de 100 personas en plantilla a vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero, o enfrentarse a pruebas periódicas. La imposición afectaría a más de dos tercios de la fuerza de trabajo del país.
El Tribunal critica la imposición por “asombrosa y excesivamente amplia”. Según la sentencia, que no se pronuncia sobre el fondo del asunto, la medida podría no ser conforme a la Constitución. Amenaza con interferir sustancialmente en la libertad de los receptores renuentes […] que deben elegir entre sus trabajos y sus inyecciones”, dijo el juez Kurt D. Engelhardt.
“Desde la incertidumbre económica hasta los conflictos laborales, el mero espectro de este requisito ha contribuido a innumerables dislocaciones económicas en los últimos meses”, añadió.
El recurso fue presentado por varios estados (Texas, Luisiana, Carolina del Sur, Utah y Misisipi) así como por varias empresas y grupos religiosos. Aunque por el momento sólo se trate de una instancia, sigue siendo una gran varapalo para Biden, que acababa de anotarse su primera gran victoria legislativa con la aprobación de su plan de inversión en infraestructuras en el Congreso.
En una declaración publicada el jueves, Biden dijo que habría preferido evitar esta obligación. “Queda demasiada gente sin vacunar para que salgamos de dudas definitivamente”, dijo. Numerosos estados han recurrido ante los tribunales la orden de vacunación obligatoria de Biden.
La orden suspendida deja en manos del capitalista la adopción de las medidas que considere oportunas, incluidas las disciplinarias, contra los trabajadores se nieguen a vacunarse y a someterse a las pruebas periódicas. Según el decreto, las empresas que no cumplan la obligación se exponen a una multa que va de 13.000 a 136.000 dólares.
A mediados de este mes, alrededor del 68 por cien de la población estadounidense, y el 81 por ciento de los adultos, habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
