La instituciones públicas de los países democráticos tienen un especial deber de transparencia, es decir, de poner a disposición de la población los documentos en los que se apoyan para tomar sus decisiones.
La transparencia debe ser especialmente rigurosa cuando se trata de la salud pública. Sin embargo, en Estados Unidos la FDA ha pedido a un juez federal que espere 55 años para divulgar la información en la que se basó para conceder la autorización de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer (*).
Quieren hacer esperar hasta 2076, lo cual es una de las muchas tomaduras de pelo que viene conociendo el mundo desde hace un par de años.
Inmediatamente después de la aprobación de la vacuna de Pfizer, más de 30 académicos, profesores y científicos de las universidades de Estados Unidos solicitaron la información presentada a la FDA por Pfizer para la aprobación de su vacuna.
Como la FDA no respondió, en septiembre un grupo de abogados presentó una demanda contra ella para exigir la documentación. A día de hoy, casi tres meses después de aprobar la vacuna de Pfizer, la FDA todavía no ha publicado ni una sola página.
En respuesta, hace dos días la FDA pidió a un juez federal que le diera de plazo hasta 2076 para presentar la información. El pretexto es que el expediente tiene más de 329.000 páginas de documentos y que sólo puede aportar 500 páginas al mes.
Comparen los lectores: desde que Pfizer solicitó la aprobación de su vacuna, 7 de mayo, hasta que la FDA la aprobó el 23 de agosto, transcurrieron 108 días. Por lo tanto, los funcionarios llevaron a cabo la revisión de miles de documentos en un tiempo récord. Es más fácil estudiar todos esos papeles que llevarlos al juzgado.
Es otro caso más de ocultación. Los gobiernos quieren imponer la obligatoriedad de la vacunación a ciegas.
(*) https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/11/020-Second-Joint-Status-Report-8989f1fed17e2d919391d8df1978006e.pdf