«Esperamos el anuncio de una nueva fecha para la continuidad del juicio y seguimos firmes en la lucha», afirmó Ivo Macuxi, asesor jurídico del Consejo Indígena del norteño estado de Roraima.
La interrupción fue ocasionada el miércoles por una solicitud de vista del ministro André Mendonça.
Por las reglas internas del Supremo Tribunal Federal (STF), el caso deberá retornar para análisis en un máximo de 90 días.
«El pedido de vista hecho por el ministro de (el expresidente Jair) Bolsonaro, André de Mendonça, representa la continuidad de las violencias contra los pueblos indígenas», aseguró el coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Dinamam Tuxá.
Insistió en que el llamado juicio del siglo se haga cuanto antes y «exigimos que el STF retome la pauta de forma urgente».
Antes de la petición de vista, el juez Alexandre de Moraes votó en contra de la tesis del marco temporal.
Con la manifestación de De Moraes, el marcador del examen está dos a uno contra el polémico hito transitorio .
En 2021, antes de la suspensión del análisis, el magistrado Edson Fachin votó en contra del proyecto de ley y el también letrado Kassio Nunes Marques se manifestó a favor.
La corte superior juzga si la jurisdicción de los terrenos nativos debe seguir el criterio, el cual define que los indígenas solo pueden reclamar sus tierras ocupadas antes de la fecha de promulgación de la Constitución de 1988.
Actualmente, hay más de 300 procesos de demarcación de tierras aborígenes abiertos en el país.
Para las comunidades nativas, el derecho a la tierra, así como sus derechos, es innegociable, y su historia no comienza en 1988.
El portal Rede Brasil Atual asegura que la ciencia confirma la presencia de los pueblos originarios en Brasil hace por lo menos 12 mil años.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el 30 de mayo ese proyecto de ley. Con 283 votos a favor y 155 en contra, la iniciativa pasará ahora al Senado.
De ratificarse en esa instancia, será remitida al presidente Luis Inácio Lula da Silva para que la certifique o no.
Al respecto, el Ministerio de los Pueblos Indígenas calificó la aprobación del marco temporal por los parlamentarios de «genocidio legislado» porque afecta directamente a las comunidades originarias aisladas, «autorizando el acceso deliberado en territorios en el que viven pueblos sin ningún contacto con la sociedad, ni siquiera con otros pueblos».
