Cristina Álvarez.— En los conflictos laborales más importantes que ha protagonizado la mujer trabajadora en el último tiempo, llama la atención la ausencia de los movimientos feministas. Hemos analizado varias huelgas obreras protagonizadas por mujeres de todo el Estado de los últimos dos años, y la retirada de estos colectivos es digna de mención.
El movimiento feminista en España como tal, nacido al calor de la reforma política del franquismo y principalmente centrado en desgajar a la mujer trabajadora de las organizaciones obreras, siempre fue reacio a intervenir en los conflictos de clase que afectan a las mujeres, principalmente a las mujeres trabajadoras.
Ya desde su fundación en España con las primeras Jornadas por la Liberación de la Mujer de 1975, con un marcado carácter interclasista, hasta la actualidad, las llamadas «políticas de igualdad» desarrolladas por organismos como el Instituto de las Mujeres, o más recientemente, el Ministerio de Igualdad y las consejerías similares en las Comunidades Autónomas, son la traducción de cómo ponerse de perfil ante las problemáticas que afectan a las mujeres en su condición de proletarias.
Uno de los mejores ejemplos de este esquema es Antonio Garrigues Walker; se encuentra entre los principales estrategas de las empresas norteamericanas en España y es sucesor de la saga familiar que diseñó la transición española, y que define a las mujeres como «el sexo fuerte» que «gobernará el mundo», siendo a la vez uno de los referentes que apuesta por este «modelo» de igualdad.
A la hora de analizar el problema, hay que advertir si tras más de 40 años de movimiento feminista en España, así descrito, las condiciones de vida de las mujeres han mejorado o no. Si las condiciones injustas que históricamente vivimos han sido abolidas o si por el contrario la tendencia es descendente.
En junio de 2021, 18 trabajadoras de limpieza del Museo Guggenheim de Bilbao comenzaban una huelga que duró 284 días en la que reivindicaban contratación a jornada completa y el fin de las diferencias salariales con sus compañeros del sector, y que terminaron ganándola. Ferrovial, la empresa contratista, esperaba que la huelga no durara más de 10 días. A la precariedad laboral se le sumaba la condición de mujeres de las huelguistas, a quien la empresa no tomaría en serio.
Fue una huelga que finalizó el 21 de marzo de 2022, sin que ni sus compañeros del mismo sector, ni los movimientos feministas, ni las «políticas de igualdad» se hicieran eco de ello.
El esquema se repite en cada conflicto que protagonizan las obreras: solamente largas huelgas y largas batallas consiguen doblegar la voluntad de la patronal, como si el esfuerzo que tuvieran que desarrollar fuera doble, o triple, para llegar al mismo objetivo que el resto de trabajadores.
En la huelga de las trabajadoras de limpieza de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), que ha tenido idas y venidas durante 5 años y que finalizó en julio del mes pasado, las trabajadoras tuvieron que reclamar en solitario aspectos como tener un convenio colectivo, reclamar la carrera profesional o aspectos que el resto de trabajadores dan por hecho al comienzo de un contrato de trabajo.
Pero hay veces que son las propias administraciones, que tienen la «igualdad» como «principio rector» quienes, no ya se ponen de perfil, sino que se convierten en el principal azote de las trabajadoras. Así paso en enero de 2023 en Castilla-La Mancha, una de las Comunidades Autónomas aparentemente pioneras en la materia. 15.000 trabajadoras de la limpieza estaban llamadas a la huelga en reclamación de aumentos salariales en un colectivo laboral, conformado esencialmente por mujeres, que está especialmente castigado por los bajos salarios y la precariedad.
Fue la propia Junta de Castilla-La Mancha quien impuso servicios mínimos del 100%, alegando el manido recurso de los «servicios esenciales», lo que en la práctica supone declarar ilegal el derecho de huelga. Éste era un ejemplo palmario de cómo las responsables políticas de una administración que ataca a las mujeres puede ser a la vez abanderadas del feminismo, pues la Consejera del ramo, Patricia Franco, llegó a encabezar las manifestaciones del 8-M en su provincia natal, Albacete, como representante del gobierno regional.
Y esta «doble moral» del feminismo también afecta a los mal llamados «sindicatos de clase». El ejemplo se puede observar en cómo los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, parte activa del movimiento feminista, trataron de sabotear, tras más de 200 días de huelga desde diciembre de 2022 al 1 de agosto de 2023, el éxito de las trabajadoras de H&M (Inditex) de Iruña, que habían conseguido en su territorio mejoras laborales por encima de las que ambas organizaciones habían acordado a nivel estatal.
La mitad de la clase trabajadora mundial está formada por mujeres, pero el camino que recorre el feminismo es luchar porque una pequeña parte de ellas rompa los llamados «techos de cristal»; y es ésta la explicación por la que a este movimiento, que dice defender a las mujeres, le es completamente ajeno las condiciones de explotación y opresión que afectan a esta parte de la humanidad.
Otro ejemplo se vislumbra en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, colectivo que nació inicialmente para defender a familias de los abusos de la banca pero que paulatinamente ha ido incorporando reivindicaciones más profundas en materia de vivienda, como los impagos de alquileres o la ocupación y recuperación de viviendas cuya propiedad ostentan bancos y fondos buitre.
La composición de estas plataformas es abrumadoramente femenina. Las acciones más contundentes de confrontación con el régimen y con la banca las practican mujeres, completamente desconectadas del llamado «movimiento feminista» que les es ajeno, porque en el fondo son marginadas de esos círculos donde el debate es otro: las mujeres que participan de los movimientos de vivienda lo hacen solas, normalmente sin la compañía de sus parejas, porque son éstas las que ejercen de manera doméstica la represión de imponer a las mujeres el destino que como obreras les ha tocado.
Cuando salen del círculo doméstico, temporal o definitivamente, son capaces de enfrentar a todos los estamentos del poder político y económico sin rubor: policía, juzgados, bancos, etc. Hay dos obras cinematográficas recientes que explicaban precisamente esta circunstancia, donde sus protagonistas son mujeres: Cerca de tu casa y En los márgenes.
En la medida en que el, en otro tiempo y aparentemente, «combativo» feminismo ha sido integrado en el sistema, el concepto desaparece; y la mujer obrera, que sigue explotada y manoseada, hay que distraerla con elementos triviales.
Por ejemplo, con la reivindicación de que haya más mujeres en puestos de poder. Al amparo de esto, ha crecido exponencialmente la presencia de mujeres en los consejos de administración de empresas, en las fuerzas de seguridad o incluso en el poder judicial.
En este último sector, el panorama que afecta a la mujer no puede ser más ilustrativo de lo que aquí señalamos. En España hay 2.918 juezas en activo frente a 2.402 jueces, y siete de cada diez nuevos ingresos en la carrera judicial son mujeres, pero esto no quiere decir que con ello las trabajadoras estén mejor protegidas contra la desigualdad o contra la ideología patriarcal, más bien al contrario. Son juezas las que suscriben despidos, las que amedrentan a víctimas de violencia de género o las que instruyen causas contra mujeres que han osado desobedecer los mandatos que emanan de los juzgados de familia.
De hecho, se viene advirtiendo de un tiempo a esta parte que en los juzgados de violencia sobre la mujer se aprecia un cambio de tendencia sustancial en los últimos años, que tiene como fin rebajar la penalidad de los delitos contra las mujeres y dónde, paradójicamente, muchas de las resoluciones que lo suscriben están firmadas por mujeres.
La actual Ministra de Justicia, Pilar Llop (PSOE), fue jueza de instrucción y llegó a señalar en mayo de 2022, tras la sucesión de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y donde no había denuncia previa, que las mujeres víctimas de violencia de género tienen una eventual responsabilidad por su «desconfianza en el sistema».
Victoria Rosell (Podemos), también fue jueza instructora, y actualmente es delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; sin embargo, en la retina está su responsabilidad en el procesamiento de cinco militantes de la Intersindical Canaria que participaron de un escrache contra la patronal regional en 2012. Llegó a pedir un año de prisión y otro de inhabilitación para Guacimara Vera, Luci Rodríguez, Asunción García, Aisha Hernández y Pino Monzón. Finalmente, pese a la movilización social a favor de las represaliadas, las sindicalistas fueron condenadas a seis meses de prisión y 6.000 euros de multa.
Y es que el feminismo y la liberación de la mujer son dos cosas distintas. El feminismo pretende conciliarnos con el sistema que organiza las bases de la opresión de la mujer, y a ese convite la mujer obrera no está invitada.
