«Teniendo en cuenta los objetivos militares y los efectos incidentales de los ataques aéreos, la comisión concluye que, como los daños y las víctimas causados por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes no fueron proporcionales a la ventaja militar, dichas acciones constituyen un crimen de guerra», señala la investigación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado.
Dicho grupo examinó pruebas relacionadas con las hostilidades palestino-israelíes registradas entre mayo de 2021 y agosto de 2023, antes de la más reciente escalada de violencia.
El informe de 27 páginas también encontró que «impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza es una violación del derecho internacional humanitario».
La Comisión reconoció que «el uso por parte de grupos armados palestinos de cohetes y morteros que son inherentemente indiscriminados por su naturaleza constituye una violación de la prohibición de ataques indiscriminados y, por lo tanto, es un crimen de guerra».
Los investigadores también dijeron que habían examinado el asesinato de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh y concluyeron que el ejército israelí utilizó fuerza letal «sin justificación», según el derecho internacional de derechos humanos, e «intencionalmente o imprudentemente» violó el derecho a la vida de la reportera.
Abu Akleh, periodista palestino-estadounidense de 51 años, recibió un disparo en la cabeza el 11 de mayo de 2022 durante una incursión israelí en Cisjordania.
Los reporteros en el lugar dijeron que fueron atacados por francotiradores israelíes cuando el grupo estaba solo en las calles de la ciudad palestina de Jenin y que eran claramente identificables como miembros de la prensa.
Antes del ataque sorpresa lanzado por el movimiento palestino Hamás el pasado 7 de octubre contra Israel, Tel Aviv atacó en julio el densamente poblado campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, con saldo de 12 palestinos muertos y decenas más heridos.
