Tras una semana de intensas protestas populares, la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó ayer en primer debate la derogación del pacto entre el Gobierno y Minera Panamá.
En la última sesión ordinaria del año, los diputados pasaron este tema al pleno, en un segundo debate, durante jornadas extraordinarias a celebrarse los días 1 y 2 de noviembre.
El artículo sancionado se incorpora al proyecto de Ley presentada por el Ejecutivo de declarar una moratoria a la actividad extractiva, otra de las exigencias de los manifestantes en todo el istmo.
Por su parte, la comisión de Gobierno del Legislativo aprobó la realización de una consulta popular el próximo 17 de diciembre, para decidir la revocatoria o no del contrato, también a propuesta del Gobierno, aunque sobre el particular el Tribunal Electoral había señalado que a siete meses de comicios generales, no estarían en condiciones de organizar ese sondeo, de carácter vinculante.
En la jornada también se conoció que el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, emitió su opinión en favor de una demanda de inconstitucionalidad que le trasladó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la Ley 406, que avala el pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, causante e la actual crisis social.
El funcionario remitió este martes su criterio y reafirmó que la Ley 406 del 23 de octubre de 2023 es inconstitucional, lo que podría aliviar la tensa situación y gasta hacer innecesaria la consulta, según analistas.
En total hay seis demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406, todas admitidas por la CSJ.
Para algunos líderes de colectivos que integran la Alianza Pueblo Unido por la Vida y protagonizan las manifestaciones, como Saúl Méndez, el verdadero referendo está en las calles, donde el pueblo ordena y habla alto y claro: queremos derogatoria ya del contrato vendepatria.
