Juan Luis Corbacho (Unidad y Lucha).— La externalización de servicios en nuestro país es un cáncer que se ha extendido hasta límites insospechados. Hay cuestiones que favorecen la externalización y son de ayuda como es la especialización de determinados oficios, pero los límites a los que se llega raya el absurdo.
¿Qué subyace debajo de la externalización?
Obviamente hay un interés en ahorrar costes, o sea, en aumentar la plusvalía de forma indirecta. A nadie se le escapa la mayor de las externalizaciones que son los Call Center. Mayor en el sentido de explotación laboral, llevándose los servicios a países con legislaciones laborales muy laxas y con niveles de explotación altos. En el caso de España, la facilidad de disponer de mano de obra barata en Latinoamérica, ha llevado a muchos de esos Call Center a Colombia. Por supuesto, la caída del servicio es obvia, no por el maltrato que dan esos trabajadores, sino por la desubicación del servicio que lleva a tener que explicarle al operador que tu pueblo está al lado del otro.
Por tanto, se pierde en calidad de servicio, como mínimo, y el capital aumenta su tasa de ganancia consiguiendo, además, saltarse las legislaciones laborales de los países “desarrollados”.
Pero, ¿Qué pasa cuando la bajada de la calidad del servicio puede provocar un aumento de la peligrosidad laboral?
Esa es la situación en la que nos encontramos tras las sucesivas privatizaciones y externalizaciones de servicios. En el sector de la construcción donde el nivel de accidentes es muy alto se intentó frenar con la ley de subcontratación, pero esta ley buscaba más la persecución de aquellas empresas que se eximían de culpabilidad subcontratando a terceros que favoreciendo la prevención y evitando los accidentes.
La prevención ha salido de las empresas para ir a empresas especializadas que tienen sus formatos estandarizados y que los venden a todas las empresas. Copia y pega.
Estas empresas se encargan también de los reconocimientos médicos, donde difícilmente hay un “no apto”.
Las sucesivas medidas de los distintos gobiernos del capital han ido añadiendo burocracia y formas de eximir a la empresa principal (normalmente la empresa más grande) por lo que el batiburrillo de papel que tiene que hacer el último eslabón de la cadena pierde la funcionalidad y el fin teóricamente perseguido: seguridad y prevención de riesgos.
Para colmo, no hay uniformidad en el tratamiento de documentos por lo que la empresa obligada a usar una de estas plataformas acaba teniendo un mayor gasto. Prácticamente, y a penas que la empresa tenga algo de actividad, hay que contratar a un administrativo para que alimente dichas plataformas.
El remate de los tomates, en este juego de trileros, es que ya hay empresas que externalizan el trabajo administrativo de subida de documentación a esas plataformas.
Así que, legalmente usted puede cumplir con todo lo dispuesto en la ley de prevención, pero si no tiene el visto bueno de una plataforma no es válido. Y digo yo, llegados a juicio por reclamación de cantidad por impago, porque una plataforma diga que no está correcto lo que legalmente está, ¿cuál sería la decisión del juez?
Ha sucedido lo mismo que con los sellos de calidad. La calidad no ha aumentado de forma significativa, pero sí que ha aumentado la facturación de las empresas que se encargan de otorgar esos sellos. La estandarización no siempre conlleva calidad y, desde luego, tampoco está trayendo más seguridad.
Mientras tanto, los accidentes de trabajo siguen igual y la prevención, que debía ser lo más importante, consiste en pedir y rellenar formularios constantemente. Sólo a la clase obrera le importa la clase obrera, sólo la clase obrera salva a la clase obrera.
