“La posición de los padres es que esta es la última reunión. Nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión”, dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra, representante legal de los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en Guerrero (sur), en el que ha sido uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en este país latinoamericano en las últimas décadas.
Padres de los estudiantes y algunos de sus representantes legales como Rosales Sierra mantuvieron un encuentro de dos horas con el presidente López Obrador en Palacio Nacional (sede del Ejecutivo federal), en el que se reportó la detención de Marco Antonio Ríos Berber, apodado La Pompi y presuntamente miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, al que se atribuye la desaparición de los jóvenes, pero no se reportaron más avances significativos en las investigaciones.
“No terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal (…) Los padres fueron muy claros en el sentido de decir: ‘no tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando no hay resultados sustantivos’. El presidente coincidió también en el sentido de que ya no es él”, dijo Rosales Sierra en diálogo con la prensa.
De acuerdo con el abogado de los padres de familia, cuando la investigación tocó los hilos del Ejército, empezaron las confrontaciones con el Gobierno federal, cayó en un bache y ahí quedó.
“Las madres y los padres no pueden decir ‘estamos felices porque tenemos resultados’; no tenemos resultados, no hay nada. En la última recta de este Gobierno hubo maltrato, la relación fue crítica; imagínense estuvimos aquí plantados para un diálogo; luego de lo cual fluyó el diálogo, pero un diálogo tenso con muchas fricciones en las últimas reuniones”, dijo el representante legal de los familiares de los normalistas.
“El Estado mexicano tiene que dar respuesta al caso de los 43 y sí, efectivamente, nosotros no vamos a decir que el Poder Judicial ha actuado bien, ha habido casos donde han sesgado la ley para favorecer; por ejemplo, en el caso de los militares, a todos se les dio la medida cautelar de prisión domiciliaria; son resoluciones sesgadas”, añadió.
La secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, expresó que la instrucción presidencial es mantener la coordinación con cada una de las dependencias federales para avanzar en el caso.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, subrayó que el Gobierno de México mantiene la prioridad de encontrar a los normalistas.
“No pararemos hasta agotar las líneas de investigación existentes para dar con los jóvenes desaparecidos y ofrecer respuestas a sus familiares. Nuestra voluntad y capacidades están al servicio de ustedes”, señaló Medina.
Añadió que se reforzaron las acciones para encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos, con énfasis en cinco líneas: búsqueda en campo; fortalecimiento de los procesos de identificación humana; verdad y justicia; trabajo en los procesos de extradición, así como romper el pacto del silencio criminal.
En dichas diligencias participaron 25 personas servidoras públicas de: Covaj; Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (Ueilca); Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
