Kike Parra (Unidad y Lucha).— En el segundo trimestre de 2024, España creció un 0,8 % del PIB, lo que supone un incremento del 2,9 % del indicador interanual. Estos datos muestran una marcha de la economía española por encima de lo previsto y muy superior a la media europea. Si a esto le añadimos que el IPC adelantado de julio mostró una variación del 2,8 %, cerca ya del objetivo marcado por el Banco Central Europeo del 2 %, que algunos sectores económicos, como el turismo, reflejan récord de cifras, pareciera que todo fuera “miel sobre hojuelas”. Nada más lejos de la realidad, al menos, para las y los trabajadores.
Para reducir la pobreza, según el Banco Mundial y el sentido común, no solo es importante el crecimiento económico, que al fin y a la postre, repercute en unos más que en otros; sino que es fundamental la voluntad, el esfuerzo y los recursos destinados para ello. En este sentido, a finales de 2023, Unicef publicó un informe en el que situaba a España con los mayores índices de la Unión Europea en pobreza infantil. No parece que esto quite el sueño a un gobierno más preocupado en seguir los dictados del imperialismo globalista que mejorar las condiciones materiales de la mayoría social, a pesar de la convergencia en el tiempo de dos factores que podrían haber dado un giro a esta situación.
En primer lugar, la consideración de los dos últimos gobiernos de coalición: PSOE con Unidas Podemos y con SUMAR después, autoproclamados como “los más progresistas de la historia”; y en segundo, la llegada de los Fondos Next Generation UE, de los que España tiene asignados 140.000 millones de euros. Estos dos elementos unidos generaron cierta ilusión y esperanza, entre algunos sectores de la clase trabajadora, en que los tiempos de retroceso de nuestras condiciones de vida, marcados por la crisis de 2008, habían acabado. Se pensó que una suerte de política keynesiana alejaría la austeridad y las estrecheces y que un ciclo de bienestar se abriría camino entre las capas populares. Así, con vehemencia y orgullo lo declaró el presidente Pedro Sánchez, marcando distancia con los anteriores ejecutivos de los hombres de negro.
La realidad es que en esta sociedad de la modernidad líquida que definió Zygmunt Bauman, donde las estructuras sociales se quiebran por empuje de la decadencia capitalista, donde los partidos políticos se vuelven transversales y la nueva socialdemocracia no es más que una caricatura ridícula de los Bernstein, Kautsky o Keynes, la clase trabajadora no puede esperar mejoras de la mano de nadie, salvo de las que como clase emancipada nos demos en otro tipo de estructura social.
De esta forma, los Fondos de Recuperación Europeos han resultado un ardid hábil, a través del cual, continuar con el proceso de expolio del patrimonio colectivo. Una forma original de nuevo despojo, de desposesión de lo público. Un crédito o hipoteca sobre las cargadas espaldas de la clase trabajadora presente y venidera. Un regalo infructuoso pero lucrativo, envuelto en papel moneda que debiera dar a los monopolios la llave para cerrar su colapso económico: digitalización, energía alternativa, productividad… Y así, las grandes empresas multinacionales (el Capital no tiene fronteras) se reparten nuestro futuro.
Por si fuera poco, Bruselas se cobra además, mediante reformas legislativas: pensiones públicas, fiscalidad, derechos laborales… las prebendas prometidas a cambió del desembolso de los Fondos. Un nuevo periodo de austeridad se perfila en lo inmediato. Es el fin de la tregua del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Todo esto sucede mientras la sanidad pública, dejada de la mano de un Dios sistémico, se deteriora y las listas de espera levantan un negocio boyante. Los capitales transnacionales de la sanidad privada se nacionalizan españoles, colonizando nuestra salud. El resto de servicios públicos “rentables” no va a la zaga. El “impuesto de protección” exigido por la OTAN, evidencia, en clara similitud con los métodos de recaudación de cualquier organización mafiosa, cuál es el objetivo principal y qué es lo secundario.
España, a pesar del supuesto contexto de bonanza económica, tiene en el desempleo, según datos del segundo trimestre de 2024, a 2.755.300 trabajadoras y trabajadores, lo que representa una tasa de 11,27 %. El desempleo juvenil supone un 25,9%, la más alta entre los veintisiete de la UE. Además, la pérdida de poder adquisitivo, de desvalorización de la fuerza de trabajo continúa imparable. En 2023 la capacidad de compra aumentó un 1,5 %, muy poco si atendemos a que la inflación acumulada desde 2018 es del 15 %.
Los salarios ya no pagan el valor de la fuerza de trabajo. Procurarse una vivienda es una misión imposible y más para las nuevas generaciones que comienzan de cero. Los precios de los alquileres, de la compra, los créditos inalcanzables… ponen de manifiesto, una vez más, que el capitalismo se derrumba y que los capitales huyen de la esfera productiva a la especulativa, facilitando para ello la “exclusión social” de gran parte del proletariado.
Y la trampa del pacto social, del consenso, convertido en dogma de fe, en credo de unos sindicatos cooptados por el flanco izquierdo del Capital, ahora “el Gobierno de España”. Y la desmovilización social que garantiza su paz, su redención.
Entre las capas populares, por consiguiente, sólo puede extenderse la desilusión, la desesperanza, la frustración que supone percibir un futuro peor que el presente y el pasado. El perfecto caldo de cultivo de un fascismo madura en barricas de desesperanza cosechada por esos partidos de la izquierda sistémica que la mayoría ya percibe como inanes, vanos o ineptos. El mal menor cada vez tiene menos adeptos entre la clase trabajadora, que abraza engañada, alienada, el culto a la extrema derecha 2.0.
Por consiguiente, se desvanece la promesa de eliminar la Ley Mordaza. Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en marzo del año 2015 es “La Norma” del PP, pero también del PSOE, de SUMAR, y de todos aquellos y aquellas que sirven pleitesía a quien les da de comer física y políticamente y que obviamente, nunca morderán su mano.
