No es noticia que el Gobierno de Estados Unidos haya extendido, por un año más, la vigencia de la ley que establece la base del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Novedad sería que no lo hiciera, porque eso viene ya en la agenda del mandatario electo, cualquiera que sea el Partido ganador. Contra la Mayor de las Antillas hay una sola base política: la imperial.
A Joe Biden le tocó la pasada semana hacer el mismo papel que sus predecesores, en una escena ridícula y arcaica, en pleno siglo xxi, al mantener con vida la Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada por el Congreso Federal el 6 de octubre de 1917. Esta le otorga al Jefe de la Casa Blanca la facultad para restringir el comercio con países «hostiles» a Estados Unidos, y la posibilidad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohíbe el comercio con el enemigo o aliados del enemigo durante conflictos bélicos.
Es al amparo de ese texto legislativo, por demás el más antiguo de su tipo, que se pusieron en práctica las regulaciones para el Control de Activos Cubanos en 1963, después de que fuera impuesto el bloqueo contra Cuba, en 1962, por el entonces presidente John F. Kennedy. Él actuó bajo la sombrilla de esa norma.
La Ley de Comercio con el Enemigo es el colchón de esa asesina política contra el pueblo de Cuba, que persigue matar por hambre, desasosiego y caos. Se supone que esa regulación se aplique, cuando Washington considera a una nación un problema de seguridad nacional, y hasta ahora no ha emitido documento alguno contra Cuba al respecto, o cuando se está en un conflicto bélico, que no existe, porque las bombas las lanza lejos, en Medio Oriente, pero nunca cerca de sus bardas.
Sin embargo, es la Isla caribeña el único país al que el Gobierno estadounidense le aplica la vetusta legislación. Antes, China, la República Popular Democrática de Corea y Vietnam también fueron objeto de ella.
Ese texto forma parte del entramado legal del bloqueo, que abarca otros, como la Ley para la Asistencia Exterior (1961), la Ley para la Administración de las Exportaciones (1979), la Ley Torricelli (1992), la Ley Helms-Burton (1996) y las Regulaciones para la Administración de las Exportaciones (1979).
Tal engendro le causó a Cuba, entre el 1ro. de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, según el informe presentado por la Cancillería cubana, daños y perjuicios materiales estimados en el orden de los 5 056,8 millones de dólares, lo que representa una afectación aproximada de más de 575 683 dólares por cada hora de bloqueo.
Los gobiernos de Estados Unidos se han llenado de leyes contra un pequeño país que le ha hecho pasar el bochorno mundial de no rendirse a sus pies. Así lo afirmó, en la red social x, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien expresó que, «a pesar de los serios daños ocasionados, continúan fracasando en el objetivo de destruir la Revolución».
