Juan Lehmann (Sputnik).— «A delito de adulto, pena de adulto». La frase del presidente Javier Milei sintetiza el espíritu del proyecto de ley impulsado por su Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. La iniciativa, que forma parte de la reforma del Régimen Penal Juvenil, ya ingresó al Congreso para su tratamiento legislativo.
La propuesta fue una de las promesas centrales de la plataforma electoral del ahora mandatario durante la campaña de 2023. Además de la modificación de la edad de punibilidad, la norma enviada al Parlamento prevé la creación de «establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo», para evitar que los menores entren en contacto con reclusos adultos.
El proyecto, que ya comenzó a ser tratado en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, propone modificar el régimen vigente, establecido en 1980 durante la última dictadura militar (1976-1983). La normativa indica que un menor de 16 años no es punible en ningún caso. Entre los 16 y los 18, el adolescente sólo es punible si se verifican circunstancias específicas, y la escala penal prevista se reduce a la mitad del mínimo y a un tercio del máximo.
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Especialistas expusieron sus perspectivas y conocimiento sobre la iniciativa de Régimen Penal Juvenil que impulsa el Poder Ejecutivo.
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La retórica del Gobierno es explícita. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, remarcaron que es «imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien». El objetivo, según los funcionarios, consiste en «terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria y darle respuesta a la gente».
El envío del proyecto al Congreso se inscribe en un contexto signado por la preocupación ante los hechos de seguridad. Acaso el epítome del flagelo puede circunscribirse a la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe (centro), atravesada por la violencia ligada al narcotráfico. De acuerdo a los especialistas que investigan la criminalidad en la zona, las bandas recurren cada vez con mayor frecuencia a «soldaditos»: adolescentes —e incluso niños— utilizados en la comisión de delitos, aprovechando que las penas para ellos son menores.
Un debate encarnizado
«Este es un cambio profundo en la legislación. El proyecto contempla la posibilidad de que una persona de 13 años sea punible como cualquier adulto de 40 años. De aprobarse, va a suponer un fuerte desafío en torno a cómo se trata a un adolescente en una comisaría o una cárcel. Es un debate interesante y complejo», dijo a Sputnik Martín Narducci, abogado especializado en derecho penal.
De acuerdo al especialista, los adolescentes de edad «son muy utilizados para delinquir: de hecho, las penas para los adultos son mayores cuando utilizan menores». «Yo dudo que los menores no sepan lo que están haciendo: simplemente se crían en un entorno muy adverso que termina encaminándolos en este rumbo», remarcó.
«El principal desafío es la inversión en infraestructura carcelaria. Las cárceles hoy no tienen condiciones para albergar a más detenidos, entonces habrá que desarrollar también esto para que el único efecto no sea simplemente poblar las prisiones», apuntó Narducci.
Las miradas distan de ser homogéneas. Consultada por Sputnik, la exministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic (2019-2022), apuntó que «este es un tema delicadísimo, y el Gobierno solamente contempla el encierro del menor, sin pensar en ninguna herramienta de inserción social para evitar que vuelva a delinquir».
Según la experta, «no hay datos que verifiquen que la mayoría de los delitos sean cometidos por menores de 16 años. El porcentaje de intervenciones de la Justicia por conflictos con menores ha caído sistemáticamente a lo largo de la última década: en la provincia de Buenos Aires los crímenes cometidos por adolescentes representan menos del 1% del total».
«El proyecto es malo desde la técnica jurídica. Lo que promueve va a profundizar el problema, en lugar de resolverlo. No solamente va a agravar la inseguridad, sino que también va a afectar a los más jóvenes», esgrimió la exfuncionaria.
¿Círculo vicioso?
Más allá de las diferencias de perspectivas entre los especialistas consultados, ambos coincidieron en la complejidad que supone combatir la delincuencia juvenil. «Cuando un menor entra en el circuito penal es muy difícil que salga. Además de una reforma, hay que apostar a herramientas para que cuando quede en libertad pueda insertarse en la sociedad», consideró Frederic.
Sin embargo, Frederic destacó que «hay un claro consenso en torno a mejorar la legislación actual: esta normativa está vigente desde hace más de 40 años, cuando aún había una dictadura. El desafío es combatir la inseguridad sin crear un problema a futuro».
«Si bien este proyecto encarcelaría a los menores que delinquen, en verdad solo los saca de las calles a ellos, pero no a los capos narcos, que son los que los manejan y que, en definitiva, son los responsables de la criminalidad», destacó la exministra.
