Javier Martorell (Unidad y Lucha).— A nadie se le escapa que el capitalismo rebaja a mera retórica el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a disponer de una vivienda digna. Al igual que en otros tantos ámbitos, el sistema ha convertido este derecho fundamental en elemento especulativo para unos pocos y en objetivo inalcanzable para la mayoría. En artículos previos ya hemos situado diferentes aspectos sobre las necesidades del pueblo trabajador en este aspecto, así como las cifras en torno a viviendas vacías y solares urbanizables abandonados que, principalmente en manos de fondos buitre y entidades financieras, aguardan impunemente para obtener los mejores rendimientos especulativos. No ahondaremos de nuevo en ello, en esta ocasión bajaremos aún más al terreno y hablaremos de qué nos encontraremos cuando busquemos un lugar donde vivir. La media para disponer de una vivienda digna supone casi la mitad de nuestros ingresos netos, porcentaje que crece considerablemente si lo ceñimos a las condiciones de precariedad laboral que sufre el pueblo trabajador, muy especialmente la juventud de extracción obrera y popular. Para situarnos en lo concreto, cabe señalar que en el conjunto del Estado el precio medio por el alquiler de una vivienda de 60 m² es de 780 €, cifra que asciende a 1 040 € si hablamos de Catalunya y a 1 120 € si nos ceñimos a la Comunidad de Madrid. En grandes ciudades los precios aún se disparan más. Por ejemplo, en la Ciudad de Barcelona esos mismos 60 m² costarían de media 1 340 €*. Ahora hagamos cuentas y revisemos nuestros ingresos: ¿cuánto nos queda entonces para vivir? Esa es la cruda realidad a la que nos enfrentamos.
Si bien es cierto que solo durante el último año estos índices de precios se han elevado en torno a un 10 %, en absoluto el problema de la vivienda es algo nuevo, sino que se trata de un ataque sistémico, organizado y calculado, inherente a la dictadura del capital.
Durante las últimas semanas la lucha por la vivienda está tomando un destacado impulso. Manifestaciones y acampadas se repiten por diversos puntos del Estado, miles de personas en las calles exigen su derecho a un techo digno. Hay que saludar y apoyar estas iniciativas, sin lugar a dudas, pero con el objetivo de entender la magnitud de esta reacción popular y de que estos esfuerzos no queden meramente en lo anecdótico, por eso es necesario situar algunas reflexiones.
Por un lado se evidencia la debilidad del bloque que sustenta al Ejecutivo, haciendo aguas por diferentes fisuras. A la par, la senda por la que discurre el Gobierno pseudoprogresista PSOE-SUMAR es compleja, se ahogan en sus propias contradicciones. Su apoyo a las guerras imperialistas, la tibieza cómplice frente al genocidio, las crisis internas salpicadas de corruptelas, las promesas incumplidas, las aparentes divergencias en aspectos de calado, etcétera, todo ello lo sitúan en un momento de evidente agotamiento. Su electorado comienza a darle la espalda y, ante ello, la oposición aguarda pacientemente el momento de saltar al poder con el trampolín de la ultraderecha.
Por otro lado, observamos las movilizaciones populares y, casi simultáneamente, las reacciones que muestra el Gobierno. Es pronto para afirmar si estamos hablando de casualidades o de causalidades, pero extraña comprobar cómo, apenas tras darse las primeras protestas en las calles, los medios de comunicación más afines al Ejecutivo no dudaron en otorgarle extensa cobertura, a la par que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se comenzaron a situar diversas propuestas de aparente mejora, en presumida respuesta a ese creciente clamor que afirmaban respetar y comprender.
Nos fueron mostrando un abanico de planes y proyectos que más parecieran rescatados de una lluvia de ideas entre amiguetes que de un Consejo de Ministros. Propuestas carentes de fundamento, inservibles en su mayoría. Véase la inyección directa al alquiler joven, como paso intermedio hasta llegar al bolsillo del casero; las medidas antidesahucios, que no frenan las miles de familias que continúan quedando en la calle por esta causa; o los límites a los precios del alquiler y las zonas tensionadas, lo cual está por ver si realmente le está afectando a alguien.
En definitiva, estas y otras tantas iniciativascomponen un conjunto de propuestas inconsistentes que poco o nada están favoreciendo la reversión de esta situación insostenible. Ahora bien, lo que sí que está demostrando es su pretensión de darle un lavado de cara a un Gobierno que aparenta recoger las demandas populares y hacerlas suyas, un Gobierno que lo que en verdad está haciendo no es más que manejar la situación a su mero beneficio. Dicho esto, resulta razonable valorar el extremo de encontrarnos ante la manipulación orquestada de una lucha, o bien que esta teoría caiga en lo absurdo y simplemente se trate de la lógica reacción de una sociedad hastiada por la imposibilidad de acceso a la vivienda.
En todo caso, en ninguno de los supuestos podemos obviar las voces de un pueblo que demanda un derecho imprescindible para la clase trabajadora. Es necesario analizar la situación y participar de esta lucha, organizadamente y desde posiciones revolucionarias y de clase. Cuando el pueblo levanta la voz es obligación de las y los comunistas formar parte de ese grito, orientándolo y haciéndolo más fuerte. Recogiendo un clásico: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Salgamos a las calles, planifiquemos la mejor intervención y recojamos el fruto de la lucha. Hoy más que nunca, avancemos por el derecho a una vivienda digna para el pueblo trabajador.
