Entre los días 18 y 28 de noviembre de 2024, 21 personas serán juzgadas por hechos presuntamente ocurridos en el primer “Rodea el Congreso”, convocado por la Coordinadora 25-S nada menos que el 25 de septiembre de 2012, enfrentándose a un total de 112 años y 5 meses de penas de prisión. Simplemente por el retraso que acumula el procedimiento, más de 12 años, la causa debería suspenderse y archivarse.
No nos sorprendería que la Fiscalía para rebajar la importancia política de este juicio y sus potenciales repercusiones, y siguiendo la línea de otros procedimientos similares, haga una propuesta de acuerdo basada en que las y los acusados reconozcan los hechos y, a partir de ahí, se les dé un trato penal más beneficioso del que en principio tienen, que incluyera la no entrada en prisión. Podemos comprender que haya personas que después de doce años estén en la línea de acogerse a esa hipotética propuesta de la Fiscalía. Las penas solicitadas inicialmente por esa institución son muy duras y van desde los siete años y medio de prisión hasta los tres años y ocho meses.
Los juicios políticos se pueden -y se deben- ganar. Tenemos experiencia en ello. Desde luego, éste se trata con toda claridad de un juicio político. Las convocatorias “Rodea el Congreso” realizadas por la Coordinadora 25-S tenían como objetivo denunciar la corrupción del Régimen, el carácter antidemocrático de éste, así como la necesidad de poner en marcha un proceso constituyente. Hoy, si cabe, esas exigencias están aún más justificadas de lo que estaban hace doce años.
El movimiento articulado alrededor del 25-S fue de una gran importancia, en lo social y en lo político; realmente consiguió poner contra las cuerdas al Régimen del 78. Después del 15M de 2011, algunos sectores de ese movimiento optaron por la vía institucional, entre los que destaca lo que dio lugar a Podemos y posteriormente a las distintas corrientes en que se dividió. Pero un sector significativo optó por seguir con el impulso al proyecto rupturista con el Régimen, lo que se materializó en la Coordinadora 25-S, que sigue haciendo su trabajo.
El Régimen, en coherencia con su naturaleza protofascista, lanzó una auténtica ofensiva represiva contra la Coordinadora y todo lo que se movía a su alrededor. Ejemplo de ello es este juicio. Es importante recordar la denuncia ante la Audiencia Nacional por parte del Gobierno del PP en el sentido de que la Coordinadora 25-S pretendía asaltar las instituciones del Estado. Finalmente, el juez Pedraz, de ese mismo tribunal, con el repudio de una buena parte de los medios de comunicación y formaciones políticas, rechazó tal cuestión. Dos de las personas encausadas en ese procedimiento fueron nuestras compañeras Doris Benegas -ya fallecida- y Elena Martínez, entre otros/as.
No hay que olvidar tampoco que la herramienta más importante que se puso en marcha para combatir al movimiento social -que ahí sigue, y nos tememos que seguirá, pese a los posibles cambios cosméticos-, es la Ley Mordaza. La Coordinadora 25-S fue la primera plataforma que convocó una movilización exitosa en contra de esta ley, aun antes de que se aprobara en el Parlamento.
La Coordinadora 25-S, en colaboración con todas las organizaciones y colectivos dispuestos a ello, así como con los/as encausados/as que voluntariamente vean interés en participar, impulsará una campaña denunciando estos hechos mediante actividades, charlas, etc., exigiendo la anulación de los juicios, o en su caso, la absolución plena de los/as encausados/as. Estamos convencidos/as de que este objetivo se puede conseguir.
En teoría, la Ley de Amnistía, recientemente aprobada, se está aplicando a casos relacionados con el Procés que no son muy diferentes desde el punto de vista jurídico, parece ser que sí desde el político. Exigimos que estos compañeros/as tengan al menos un trato similar por parte de las instituciones, incluyendo la administración de Justicia, al que han tenido la mayoría de las personas encausadas en el Procés. Esperamos igualmente que los sectores progresistas del movimiento popular catalán y de otros pueblos tengan una actitud de solidaridad semejante a la que desde Madrid se ha tenido con las personas represaliadas en Cataluña o en otros pueblos del Estado.
En los próximos días, la Coordinadora 25-S elaborará un calendario con las actividades concretas de solidaridad con los/as procesados/as, que difundiremos desde esta página.
