Javi Ortega (Unidad y Lucha).— El pasado 3 de octubre, el EH Bildu llegó a un acuerdo con el PSOE (con el apoyo de ERC, SUMAR y el PNV) para “derogar” de nuevo la Ley Mordaza.
El cinismo y la hipocresía vuelven a la palestra una vez más de mano del gobierno más democrático de la historia del estado español. En el comunicado del Comité Ejecutivo del PCPE del pasado 17 de julio ya denunciamos que la tan cacareada “derogación” de la Ley Mordaza quedaría en un simple retoque que la socialdemocracia nos quería vender a bombo y platillo como una victoria absoluta contra la reacción y el auge de la extrema derecha.
Nada más lejos de la realidad, este acuerdo supone alguna mejora, no podemos negarlo, pero dista mucho de poder ser considerado un avance en derechos sociales y políticos, a modo de resumen:
- Las sanciones de insultos e injurias y por desobediencia a la autoridad, pasan de sanciones administrativas graves a leves. En el caso de las sanciones por insultos e injurias la ley señala expresamente que “deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones”.
Estas dos sanciones son las que más se han interpuesto -desde la aprobación en el año 2015 de la Ley Mordaza1, y no es casual, ¿cuántas sanciones se han interpuesto con denuncias policiales manipuladas y directamente falsas?, esta realidad no cambiará con la nueva reforma, la presunción de veracidad de los cuerpos represivos del estado juega un papel fundamental en el ejercicio de la violencia del capitalismo.
- Se termina con el uso de las pelotas de goma y se sustituye por otros medios menos lesivos y más respetuosos con los derechos humanos. Aún no sabemos cuáles serán esos medios menos lesivos y cuándo se aplicarán, pero a priori, las dudas sobre su aplicación y su uso son más que evidentes.
- En el plazo de seis meses se abordará la modificación en la Ley de Extranjería, estableciendo el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional previo al proceso de posible expulsión, mediante los puntos fronterizos. Exactamente lo mismo, aún no hay ninguna propuesta en firme y la política fronteriza criminal del gobierno del PSOE/SUMAR no nos permite tener esperanzas en estas declaraciones.
En conclusión, más ruido que otra cosa, la crisis general del capitalismo imposibilita a cualquier gobierno que gestione sus intereses legislar a favor de la clase trabajadora y de los sectores populares, pero para poder validar su legitimidad ante el pueblo, la socialdemocracia y sus voceros necesitan dar estas “alegrías”. Sin embargo, desde su entrada en vigor en el 2015, ha sido precisamente el periodo de gobierno “progresista” entre el 2019 y 2023 cuando se han interpuesto la mayoría de las sanciones (64,5% de todas las sanciones impuestas por la Ley Mordaza), es decir, que quienes entraron al gobierno con la propuesta electoral de derogar esta ley, han sido quienes más uso han hecho de la misma. No olvidemos el carácter de clase del estado para hacer avanzar las posiciones revolucionarias.
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1 Según Amnistía Internacional, desde la aprobación de la Ley en 2015 hasta diciembre de 2022, se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4), suponiendo el 77% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana.
