Esta medida, extendida por un año más, declara sin sentido e irrazonablemente a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señaló en un comunicado el bloque de integración.
La intención oculta de esta reiterada e injerencista orden ejecutiva es promover un cambio de gobierno de manera inconstitucional y por la fuerza en Nicaragua, denunció.
“Es claro, afirmó, que el patrón de sanciones criminales e ilegales impuestas contra el Estado nicaragüense desde el año 2018, no tiene otro fin que causar dificultades y restricciones al pueblo, con el objetivo de facilitar las acciones de agresión e intervención del gobierno estadounidense”.
La Alianza Bolivariana denunció ante el mundo el “continuo ataque de la élite gobernante en Washington contra la hermana República bendita y siempre libre de Nicaragua”, irrespetando la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Incluido también el derecho a la libre determinación del pueblo de Sandino y el principio de no injerencia en los asuntos internos, apuntó.
Advirtió que es este tipo de decisiones arbitrarias y medidas coercitivas unilaterales las que “constituyen una amenaza verdaderamente insólita, ilegal y cada vez más regular a la paz y al derecho al desarrollo de Nicaragua y de decenas de países y miles de millones de seres humanos en todo el mundo”.
Finalmente el ALBA-TCP reafirmó su irrestricto apoyo y solidaridad con el pueblo nicaragüense, su Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y su presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra.
