España encabeza la lista de países europeos que más recursos han destinado al rescate bancario desde la crisis de 2008, acumulando un déficit de 74.000 millones de euros. Este desfase resulta de la diferencia entre los 89.000 millones inyectados en entidades como Bankia, CatalunyaCaixa o Banco de Valencia y los 15.000 millones recuperados hasta 2024. Estos cálculos incluyen costes como las inyecciones de capital y la deuda absorbida por la Sareb (el “banco malo”), que fue asumida como pública en 2021. En contraste, países como Francia o Dinamarca han logrado un superávit gracias a ingresos por dividendos y la venta de activos.
Aunque la crisis financiera estalló en 2008, en España el impacto más severo para el sector financiero llegó en 2012, cuando colapsaron varias cajas de ahorros. Este colapso hizo que el Gobierno de Mariano Rajoy solicitara un rescate europeo de hasta 100.000 millones de euros, que se usaron para fusionar y recapitalizar bancos en peligro. Además, políticas como la creación de la Sareb, diseñada para gestionar activos tóxicos, incrementaron significativamente los costes. A diferencia de otros países, donde los rescates bancarios fueron más limitados o generaron beneficios, el caso español destacó por su magnitud y sus limitadas recuperaciones.
La devolución total de las ayudas parece lejana. Aunque España sigue generando ingresos parciales por su participación en algunos bancos, estos son insuficientes para compensar las pérdidas acumuladas. Además, la estrategia del Gobierno ha consistido en reducir su presencia en los bancos rescatados mediante ventas o fusiones -tal y como ha ocurrido con Bankia tras la absorción de CaixaBank-. Mientras los bancos rescatados activos siguen registrando beneficios de récord, en 2022 el déficit aumentó en casi 1.000 millones según Eurostat. Actualmente, el valor de los activos estatales en bancos y la Sareb sigue siendo insuficiente para cubrir los miles de millones aún pendientes.
