En el congreso del PSOE en Sevilla de este fin de semana, Pedro Sánchez ha anunciado con gran pompa la creación de una empresa pública de vivienda. Por fin, tenemos ante nosotros la solución definitiva al drama habitacional en España. Problema resuelto: casas públicas para todos y a precios de «Black Friday». ¿O no?
Seamos serios. Sin un control real de los precios de alquiler y compra, la repercusión de esta medida será, en el mejor de los casos, anecdótica. Construirán cuatro VPO’s en la periferia de alguna gran ciudad, lo que no afectará ni un milímetro a la maquinaria especulativa que hace que los alquileres sean impagables para las familias trabajadoras. Mientras tanto, PSOE y PP seguirán implementando la legislación que permite que fondos buitre como Blackstone se consoliden como los mayores caseros de España. Entonces, ¿de qué estamos hablando, si no es de demagogia y marketing barato?
Una vez más, se confirma una verdad incómoda: para reducir la pobreza extrema de unos, es imprescindible recortar la riqueza desmesurada de otros. Esto no tiene solución sin tocar el negocio de los gigantes de la construcción, las promotoras y las inmobiliarias privadas. Por algo los inquilinos no le hacen caso a los cantos de sirena de Sánchez y se están organizando para llegar a una huelga de alquileres. Y, de hecho, una empresa pública, concebida para garantizar derechos, no puede (ni debe) competir de tú a tú con un sector privado cuyo único objetivo es maximizar beneficios. Ya lo hemos visto en la sanidad: los tratamientos caros y complejos, como los oncológicos, recaen en el Estado, mientras que lo rentable (atención primaria rápida, ciertas pruebas diagnósticas) se deriva al sector privado. Así, la pública, desbordada y sin recursos, se desangra. El colapso actual para conseguir una cita médica es solo una prueba más de cómo lo privado devora lo público.
Lo mismo ocurre en la educación. Las universidades privadas proliferan como setas y el negocio toma también posiciones en sectores clave como la formación profesional. Mientras tanto, en las enseñanzas medias, el sistema se ha fracturado en dos mundos: una educación sólida para las élites en barrios acomodados y una suerte de «competencias mínimas» para los barrios populares, según dicta esa pedagogía “moderna y progresista” inaplicable en el aula. ¿Acaso es secreta la receta de las privadas y concertadas (contratar profesores mal pagados y sobrecargarlos de horas) para incrementar su rentabilidad?
En conclusión, el plan del PSOE no solucionará nada; al contrario, contribuirá al desgaste de lo público, alimentando la narrativa de que «lo público no funciona». Pero es que, con las reglas actuales, efectivamente no puede funcionar: está obligado a competir en un terreno mercantil que favorece siempre a quien busca maximizar beneficios. La única solución es dejar de competir: establecer un monopolio público en los sectores estratégicos. Solo así, eliminando de la ecuación al negocio especulador y privado, se podrá garantizar el derecho a una vivienda digna en España. Lo demás son titulares para la galería.
