El 26 de marzo de 2021, ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad, a petición del Grupo Caixabank y la Fiscalía. Se les solicitó penas de 3 años y 9 meses de prisión y 11 meses respectivamente, debido a su participación en una protesta llevada a cabo en el interior de una sucursal bancaria en Cabanillas del Campo el 5 de diciembre de 2017. Las activistas exigían la paralización del desahucio de una familia, un compromiso que el banco había asumido tras meses de negociaciones para encontrar una solución habitacional.
La protesta terminó con el desalojo y la detención de 8 personas, que fueron trasladadas a dependencias de la Guardia Civil, por orden del entonces subdelegado del gobierno Juan Pablo Sánchez-Seco. La concentración de más de un centenar de personas esa misma tarde a las puertas del cuartel donde estaban detenidas las 8 supuso su liberación inmediata, pero hoy enfrentan severas penas por ejercer un derecho fundamental, en un contexto de persecución sistemática contra activistas que defienden el derecho a la vivienda.
Las #8deCaixabank no es un caso aislado
La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha difundido un manifiesto que enmarca este proceso judicial en una tendencia más amplia de criminalización de la protesta social en España, siendo que en la propia Guadalajara el movimiento en defensa del derecho a la vivienda ha tenido que enfrentar multas y otros procesos penales por sus acciones y movilizaciones. «La intención es tratar a quienes reivindican derechos básicos como delincuentes, y a la organización de estas acciones como un grupo criminal, como les ha pasado a las activistas ambientales de Futuro Vegetal«.
Desde la Plataforma señalan como un caso particularmente grave y que inevitablemente va a tener incidencia en el caso de Guadalajara, el conocido como el de «Las 6 de la Suiza». El 19 de junio de 2024, el Tribunal Supremo ratificó una condena de tres años y medio de prisión y una multa de 125.000 € a seis sindicalistas de la CNT por organizar protestas frente a la pastelería “La Suiza” en Gijón, lo que evidencia un patrón de criminalización de la disidencia y, al tener esa sentencia una función casacional, sienta una doctrina de aplicación por los tribunales inferiores.
Un juicio político y sin pruebas
La Fiscalía General del Estado, en sus memorias anuales, ha declarado reiteradamente que los movimientos sociales y políticos que se desvíen de los márgenes permitidos deben ser vigilados y perseguidos, bajo etiquetas como «terrorismo» o «delito de odio». Esto refleja un intento de aleccionar al público sobre las consecuencias de desbordar los límites establecidos. Los procesos judiciales que enfrentan los activistas no solo buscan determinar culpabilidad o inocencia, sino que tienen como objetivo establecer límites a los derechos fundamentales, como se evidencia en el caso de las #8deCaixabank.
A pesar de las pruebas insuficientes presentadas por la Fiscalía y Caixabank, que en condiciones normales deberían haber llevado al archivo del caso, las activistas se enfrentan a un juicio cuya sentencia creen que ya está firmada. El verdadero «delito» que se les imputa es el de protestar, específicamente por el derecho a la vivienda, un derecho que entidades como Caixabank han vulnerado sistemáticamente.
Objeción de conciencia
Desde la Plataforma se hace un llamado urgente a los movimientos sociales y sindicales para que comprendan que, al activar un proceso judicial contra quienes participan en protestas, se enfrentan a un sistema que manipula las reglas a su favor. «Es un error alimentar la esperanza de que los tribunales actuarán con magnanimidad, ya que la historia demuestra que las libertades políticas solo se conquistan fuera de las salas de audiencias«.
Por ello, el grupo de personas imputadas ha decidido no acudir al juicio fijado para el 10 y 12 de febrero de 2025, en un esfuerzo por rechazar la legitimidad de estos juicios políticos y reafirmar que la desobediencia civil no es un delito, y han iniciado una convocatoria estatal para que organizaciones y colectivos en situación similar se sumen a esta campaña de insumisión y de objeción de conciencia frente a este tipo de procesos judiciales.
La consigna es clara: No a los juicios políticos. Sin libertad de expresión, no hay democracia
