«Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (…), y la suspensión dispuesta en el artículo 2.°», señala el decreto 1083, publicado en el Boletín Oficial.
A un año de asumir el poder, el Gobierno del presidente Javier Milei alegó que la prolongación de esta emergencia por los últimos 18 años impidió «el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas», además de limitar «el derecho a la disposición de dichos bienes».
El Ejecutivo puntualizó que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía la ejecución de sentencias que ordenaran la desocupación de sus terrenos, generaba «inseguridad jurídica» y una «grave afectación al derecho de propiedad» de sus dueños, así como al dominio provincial sobre los recursos naturales.
La actual gestión destacó que uno de sus pilares principales es «el respeto irrestricto a la propiedad privada», al entender este derecho «no solo como un principio de justicia, sino también, como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país».
En este cambio de política estatal, el Gobierno solicitó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente para «garantizar el pleno ejercicio del derecho constitucional» y poner fin a una situación «que coloca en peligro a la soberanía nacional».
«Dada la irrazonable extensión de la medida de emergencia y las diferentes afectaciones que esta produce, tanto al derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias y a la certidumbre del derecho, se estima necesario disponer su finalización de forma inmediata», añade el decreto.
La norma lleva la firma del presidente y de otros nueve ministros de su Gabinete.
La Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada a finales de 2006 por un plazo de vigencia de 4 años que fue prorrogada en 2009, 2013, 2017 y 2021, también exhortaba a organizar un relevamiento catastral y jurídico de las tierras ocupadas por poblaciones originarias.
