En una reciente reunión en La Haya, los representantes estatales ante el Tribunal Penal Internacional se angustiaron por las desastrosas implicaciones para el derecho internacional si Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant no rindieran cuentas por los crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Las órdenes de detención contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ex Ministro de Guerra, Yoav Gallant, el 21 de noviembre, no solo conmocionó a las camarillas israelí y estadounidense, sino también a algunos de los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que pronto serían los encargados de ejecutar esas órdenes, una vez que hayan sido certificadas y comunicadas por el Registro de el Tribunal.
La semana pasada, en las salas del Centro de Convenciones del Foro Mundial de La Haya, los representantes de esos países se reunieron para la 23 Sesión de la Asamblea de los Estados Partes (ASP) del Tribunal Penal Internacional, el órgano representativo que financia, gobierna y supervisa la implementación del tratado fundacional del Tribunal Penal Internacional. En última instancia, la ASP garantiza que los perpetradores de los crímenes internacionales más graves sean detenidos, juzgados y encarcelados.
Tanto en la reunión oficial de la ASP como tras bambalinas en los pasillos de La Haya, el tema que estaba en la mente de todos era la cuestión de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant y las implicaciones potencialmente desastrosas para el orden internacional basado en reglas si los Estados Partes ceden a las presiones externas que buscan proteger a los funcionarios israelíes de la rendición de cuentas.
Entre los crímenes de los que se acusa a Netanyahu y Gallant, en órdenes de detención clasificadas como “secretas”, se encuentran “el crimen de guerra de inanición como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, todos ellos “parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza”.
Al sugerir el crimen de genocidio –sin utilizar el término–, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional citaron “motivos razonables para creer que [Netanyahu y Gallant] privaron intencional y conscientemente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.
Si Netanyahu, Gallant y otros dirigentes israelíes susceptibles de ser acusados de crímenes graves se sienten bajo presión, también se sienten los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma, ante la perspectiva de detener y entregar a los dirigentes de un estado supuestamente democrático, respaldado por Occidente –y el querido aliado del estado más poderoso del mundo.
El horror sólo aparece con la conciencia
“Estamos en un punto de inflexión en la historia”, dijo la jueza del Tribunal Penal Internacional y presidenta de el Tribunal, Tomoko Atame, a la Asamblea en la apertura de los procedimientos de la ASP el 2 de diciembre en la capital holandesa.
“El derecho internacional y la justicia internacional están bajo amenaza”, dijo Atame. “El peligro para el Tribunal es existencial […] El futuro del Tribunal está ahora completamente en sus manos”.
Docenas de ministros de asuntos exteriores y delegados de diversa procedencia subieron al estrado de la Asamblea, pidiendo que se ponga fin a los dobles raseros y a la impunidad; que se persiga a los autores de los crímenes más graves “sin temor ni favoritismo”; que los Estados Partes cooperen con el Tribunal, en primer lugar y sobre todo, ejecutando las órdenes de detención.
La única delegada que se refirió al ataque de Israel a Gaza con algún detalle fue la ministra de Justicia de Namibia, Yvonne Dausab. El país africano “recibe con agrado las recientes órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional contral Primer Ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant”, declaró Dausab.
“Namibia está consternada por la muerte, las heridas y el sufrimiento de la población del territorio palestino ocupado, su desplazamiento indiscriminado y la destrucción de infraestructuras, incluidas escuelas y hospitales”, dijo Dausab. “La negación del acceso a la ayuda humanitaria es una afrenta total a las Convenciones de Ginebra […] Nuestra conciencia colectiva civilizada debe estar horrorizada”.
Amenazas contra los miembros del Tribunal
En la reunión muchos Estados Partes y grupos no gubernamentales que también hablaron se centraron en la letanía de amenazas, actos de intimidación y sabotaje que ha enfrentado el Tribunal Penal Internacional, algunos de los cuales son más descarados por parte de Estados que se han negado a adherirse al Estatuto de Roma.
Estas amenazas parecen provenir de múltiples direcciones.
“Es muy posible imaginar una aplicación quirúrgica de un Onyx hipersónico desde un barco ruso en el Mar del Norte en el Tribunal de La Haya”, sugirió el presidente ruso, Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en respuesta a la orden de detención del Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin, emitida por el tribunal en marzo de 2023, “así que, jueces, miren atentamente al cielo”.
A raíz de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra dirigentes israelíes, algunos políticos estadounidenses parecen dispuestos a unirse a Rusia en su asalto al tribunal penal más importante del mundo.
“El Tribunal Penal Internacional es un tribunal irregular y Karim Khan es un fanático desquiciado”, declaró el senador de Arkansas Tom Cotton en X/Twitter. “Ay de él y de cualquiera que intente hacer cumplir estas órdenes judiciales ilegales. Permítanme darles a todos un recordatorio amistoso: la ley estadounidense sobre el Tribunal Penal Internacional se conoce como Ley de Invasión de La Haya por una razón. Piénsenlo”.
En una carta del 24 de abril, un mes antes de que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, solicitara órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, Cotton y otros once senadores republicanos advirtieron que “Estados Unidos no tolerará ataques politizados del Tribunal Penal Internacional contra nuestros aliados”.
“Apunten a Israel y los atacaremos a ustedes”, agregaron los senadores. “Si siguen adelante con las medidas indicadas en el informe, nos moveremos para terminar con todo el apoyo estadounidense al Tribunal Penal Internacional, sancionaremos a sus funcionarios y asociados y les prohibiremos a ustedes y a sus familias ingresar a los Estados Unidos. Han sido advertidos”.
A principios de junio, tras la solicitud de Khan de que se emitan órdenes de detención, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, por 247 votos a favor y 155 en contra, sanciones al Tribunal Penal Internacional. Cuarenta y dos demócratas votaron a favor. La Resolución 8282 de la Cámara de Representantes espera la aprobación del Senado de Estados Unidos.
‘Nos matan con bombas estadounidenses y europeas’
Los aliados de Estados Unidos que pronto tendrán la tarea de ejecutar las órdenes de detención de Khan contra los dirigentes israelíes también han sido amenazados. “A cualquier aliado –Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia– que intente ayudar al Tribunal Penal Internacional, lo vamos a sancionar”, dijo el senador de Carolina del Sur Lindsey Graham a Fox News a finales de noviembre, refiriéndose al Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya como un tribunal belga.
“El Estatuto de Roma no se aplica a Israel ni a Estados Unidos”, declaró Graham en otra ocasión, “porque no fue concebido para perseguirnos”.
Los intentos más atroces de frustrar el procesamiento de los dirigentes israelíes por parte del Tribunal Penal Internacional parecen haber sido realizados por el propio Israel: presunto pirateo de las aplicaciones informáticas del Tribunal Penal Internacional y amenazas macarras y cara a cara contra la ex fiscal jefe Fatou Bensouda.
Las amenazas contra el Tribunal podrían resultar contraproducentes, dijo el abogado australiano de derechos humanos Chris Sidoti a la ASP la semana pasada. La “postura pomposa de políticos engreídos” es una cosa, dijo Sidoti. Según el artículo 70 del Estatuto de Roma, continuó Sidoti, las acciones que intimidan, corrompen o lesionan a testigos, funcionarios judiciales y al propio tribunal son delitos procesables.
También lo son los actos que ayudan e incitan a los crímenes del Estatuto de Roma. “¡Nos matan con bombas estadounidenses y europeas!”, gritó Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, en una sesión paralela a la Asamblea de la semana pasada, en la que no había sitio para nadie, golpeando la mesa con el puño y pidiendo rendición de cuentas.
“¿Queréis que Gaza y Palestina sean el cementerio del derecho internacional? Los pueblos libres y comprometidos de todo el planeta no pueden ser rehenes de cuatro, cinco o seis Estados que se apropian de todo este sistema jurídico internacional y quieren destruirlo, quieren desterrarlo […] ¡Es kafkiano!”
El doble rasero occidental
Las amenazas contra el Tribunal Penal Internacional por parte de Estados no miembros del Convenio de Roma son motivo de enorme preocupación, declararon los delegados de la Asamblea de la semana pasada. Mucho más preocupante es la falta de voluntad de quienes se han adherido al tratado fundacional del Tribunal para cumplir con su deber legal de ejecutar las órdenes de detención. Abundan las declaraciones contradictorias.
“El gobierno federal [alemán] se adhiere a la ley, porque nadie está por encima de ella”, dijo la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalina Baerbock, al margen de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en la ciudad italiana de Fiuggi, el 26 de noviembre.
Días antes, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció que se examinarían “cuidadosamente” las “medidas internas” derivadas de las órdenes de detención contra dirigentes israelíes, y añadió: “Me resulta difícil imaginar que ejecutemos detenciones”.
“Francia cumplirá con sus obligaciones internacionales”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores francés el 27 de noviembre, estipulando que, como dirigente de un Estado no parte del Estatuto de Roma, Netanyahu gozaba de inmunidad.
A raíz del acuerdo de alto el fuego en Líbano alcanzado apenas 24 horas antes –con Francia como co-garante–, la posición de Francia sobre la inmunidad de Netanyahu parecía ser un quid pro quo. “De conformidad con la amistad de larga data entre Francia e Israel”, añadió el comunicado de Francia del 27 de noviembre, “Francia tiene la intención de seguir trabajando en estrecha cooperación con el Primer Ministro Netanyahu y las demás autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en Oriente Medio”.
De hecho, ni los Estados no partes del Estatuto de Roma ni sus dirigentes gozan de inmunidad. “La calidad [oficial] de Jefe de Estado o de Gobierno, de miembro de un Gobierno o parlamento, de representante electo o de funcionario gubernamental no eximirá en ningún caso a una persona de responsabilidad penal”, establece el artículo 27 del Estatuto.
“Nadie, sin importar quién sea o dónde se encuentre, puede escapar de la justicia”, dijo el embajador de Hungría a la ASP la semana pasada, aunque Hungría fue uno de los primeros Estados Parte de Roma, junto con Argentina, en anunciar que Netanyahu sería bienvenido a visitar el país.
Las triquiñuelas de los anfitriones
Irlanda sería menos hospitalaria. “No podemos decir que nos preocupamos por las víctimas y luego invitar a los perpetradores a nuestra casa”, dijo la embajadora irlandesa en Países Bajos, Ann Derwin, a la ASP la semana pasada. “La justicia no es un menú a la carta”, dijo Derwin. “No podemos elegir cumplir con nuestras obligaciones bajo los Estatutos de Roma cuando nos conviene e ignorarlas cuando no”.
Fiel a su condición de estado anfitrión del Tribunal Penal Internacional, tal vez Países Bajos haya tomado el camino correcto. “Actuamos en base a las órdenes de detención para personas que estén en territorio holandés”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, a la cámara baja del Parlamento holandés en noviembre.
Días después, el primer ministro, Dick Schoof (conocido en su país como “El Triquiñuelas”), vaciló. “Hay posibles escenarios […] en los que [Netanyahu] podría venir a Países Bajos sin ser arrestado”, dijo Schoof en una conferencia de prensa en vísperas de la ASP.
“Eso no es correcto”, dijo el Representante Permanente de Países Bajos ante el Tribunal Penal Internacional, Henk Cor van der Kwast, insistiendo en que el Ministro de Asuntos Exteriores Veldkamp tenía razón. “Si [Netanyahu] viene, será arrestado”, dijo van der Kwast.
El Tribunal expurga sus miserias internas
La semana pasada, tumbado en una escalera del Centro de Convenciones del Foro Mundial de La Haya, el embajador de Sudáfrica en Países Bajos, Vusi Madonsela, habló sobre el ambiguo compromiso de ejecutar las órdenes de detención contra los dirigentes israelíes y la crisis de confianza que esto ha engendrado entre las partes del Estatuto de Roma.
“Entendemos que incluso Países Bajos pueden estar dudando en esa dirección, que dicen que creen que existe un vacío técnico que les permitiría no cooperar con el Tribunal mediante la detención y entrega del Primer Ministro Netanyahu o del ex ministro Gallant”, dijo Madonsela.
“Todos los Estados Partes deben estar dispuestos a poner el hombro y cooperar con el Tribunal, o de lo contrario el sistema de justicia penal internacional se verá socavado”, añadió.
El artículo 86 del Estatuto de Roma obliga a los Estados Partes a “cooperar plenamente con el Tribunal”, incluso ejecutando las órdenes de detención, sin condiciones ni peros. La sugerencia de que no lo harían es la raíz de la crisis de confianza en el Tribunal Penal Internacional, declararon los oradores de la Asamblea de Estados Partes de la semana pasada.
“Podemos tener Estados Partes que aplaudan ruidosamente una decisión tomada por el Tribunal mientras indican una falta de voluntad para hacer cumplir otra”, dijo el jurista australiano Chris Sidoti a los delegados la semana pasada. “Esta inconsistencia, esta hipocresía, plantea una amenaza más grave al derecho internacional, a los órganos judiciales internacionales y al estado de derecho internacional que cualquier otra cosa […] Acepto que los Estados actúen en su propio interés. Acepto que siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero en el pasado, a menudo consideraban que sus propios intereses se satisfacían mejor mediante un esfuerzo a largo plazo para construir un estado de derecho internacional con leyes bien desarrolladas e instituciones que funcionen. Ahora, cada vez más, los Estados parecen considerar que sus propios intereses son de corto plazo y completamente egoístas. Esa es la causa fundamental de la crisis”.
—David Kattenburg https://mondoweiss.net/2024/12/meetings-at-the-hague-reveal-crisis-and-turmoil-as-state-representatives-grapple-with-israeli-warrants/
