Danay Galletti Hernández (Sputnik).— Guillermo Suárez Borges, máster en Ciencias Sociales e investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), considera que esta determinación es «esencialmente un acto de justicia». El experto recordó que la reinserción de la mayor de las Antillas en ese listado aconteció en los últimos días de la Administración de Trump (2017-2020).
El especialista enfatizó, al respecto de esta decisión, el carácter ilícito de la permanencia de Cuba en la lista. Recordó que, en enero de 2020, se justificó la inclusión de la isla debido a su papel en el proceso de paz en Colombia.
«La Habana había trabajado con tanto empeño para lograr ese propósito, aunque aún esté muy lejos de concretarse», destacó Suárez Borges.
De acuerdo con Suárez Borges, ser catalogado como un país supuestamente patrocinador del terrorismo—en la lista figuran además Corea del Norte, Irán y Siria— trae consigo consecuencias de carácter global, pues «en casi todos los territorios del mundo resultaba imposible realizar transacciones financieras o negociaciones».
Además de la exclusión de Cuba de esta lista, la decisión incluye el uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se asuman acciones en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del título III de la Ley Helms-Burton y la eliminación de la lista de entidades cubanas restringidas, con las cuales se prohibía efectuar transacciones bancarias.
«Son disposiciones en el sentido correcto, pero restan todavía en vigor muchísimos instrumentos que resultan muy dañinos y comprenden la persecución a las operaciones financieras, a los envíos de combustible, las campañas contra la colaboración médica cubana en el exterior y, por supuesto, el bloqueo económico», señaló.
Inclusión de Cuba en la lista
El 11 de enero de 2021, a pocos días de finalizar el primer mandato de Trump, su Gobierno decidió incorporar a Cuba en la lista por, entre otras causas, su apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro y la negativa de La Habana de extraditar a líderes de la guerrilla colombiana.
Años antes, el presidente Barack Obama retiró durante su segunda Administración a la isla de dicho listado —elaborada por el Departamento de Estado—, cuando ambos países experimentaron un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas, que incluyó la apertura de embajadas y la rúbrica de varios acuerdos.
«[En 2021] existía un momento políticamente diferente, donde la isla había enfrentado acciones coercitivas promovidas desde Washington, fundamentalmente apoyadas por los funcionarios en contra del impulso de vínculos cordiales, y que continuaron, incluso, durante el período pandémico, donde hubo cierre del turismo y aumentaron los gastos sociales, entre otras cuestiones, por la producción de vacunas propias», ahondó el investigador.
Por tanto, en consideración de Suárez Borges, la medida asumida por el jefe de Estado republicano en el ocaso de su etapa presidencial «tiene una gran responsabilidad sobre la actual crisis económica en la mayor de las Antillas».
¿Una medida insuficiente?
El investigador y profesor titular de la Universidad de La Habana (UH), Hassan Pérez Casabona, puntualizó a Sputnik que constituye, en principio, una decisión correcta porque «la ejecutoria de Cuba en la promoción de la paz es ejemplar y, al mismo tiempo, no ha existido jamás un solo acontecimiento que justificara su presencia en la lista».
El también doctor en Ciencias Históricas ahonda que esta medida se sumó la imposición de más de 240 sanciones unilaterales por parte de la Administración Trump desde 2017 «que han tenido un impacto muy negativo para la economía cubana, la vida en nuestro país y la sociedad toda».
Sin embargo, en su consideración, «debe remarcarse que también es insuficiente porque permanece el bloqueo como un entramado complejo, una madeja integral de decisiones, sanciones y mecanismos punitivos en aras de doblegar a la Revolución Cubana».
Valoró además la no activación del título III de la Ley Helms-Burton—que permite a los cubanoamericanos el reclamo de compensación a la isla por los bienes expropiados desde 1959—, algo que sí hizo Trump durante su mandato. Ningún presidente desde 1996, durante la administración de Bill Clinton, había apelado a dicha normativa.
«Creo que en esto influyó también el clamor internacional de la opinión pública, los líderes de América Latina y otras latitudes y los movimientos de solidaridad. Pero son determinaciones limitadas, por tanto, debe redoblarse esa postura en aras de que sea totalmente derribado el bloqueo, una política criminal y genocida», expresó.
Añadió que tras la llegada de Trump a la Casa Blanca «es muy probable que intenten diseñar nuevos pretextos y argucias, inclusive con mayor gravedad; [por ejemplo] codificar el tema del terrorismo o cualquier otra norma y darle una dimensión de ley para que esto no pueda ser revocado en futuras administraciones».
A su juicio, la sentencia de hoy demuestra que «no debió haber ninguna inacción a lo largo de estos cuatro años, porque Washington contaba con suficiente evidencia para habernos retirado antes. Cada vez que hay una noticia como esta, un acto que, en buena medida, reivindica la justicia, debemos saludarlo y hacer los análisis integrales desde una perspectiva crítica correspondiente».
Con la misma moneda
Por su parte, el profesor titular Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana, aseguró a Sputnik que, al parecer, la Administración Biden «le paga a Trump con la misma moneda al eliminar a Cuba de la tan rechazada lista».
Lo mismo con el apartado de la Ley Helms-Burton, «que ha permitido llevar a las cortes de Estados Unidos a negocios extranjeros que involucran propiedades nacionalizadas a partir de 1959». En la opinión del especialista, esta es una determinación adecuada, pero «sumamente tardía», si se tiene en cuenta la cercanía de la toma de posesión del representante republicano.
«El escenario más probable es que la Administración de Trump restablezca su política de colocar a Cuba en la injusta y unilateral lista y reconocer de nuevo el Título III. Es evidente que los miembros de la derecha de origen cubano en cargos clave de la política exterior, como el futuro secretario de Estado Marco Rubio, serán favorables a revertir estos cambios del Gobierno actual», dijo.
En una declaración, publicada este 14 de enero, la Cancillería de la mayor de las Antillas reconoció que, se trata de una decisión «en línea con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y figuras políticas de EEUU y de otros países».
Puntualizó que, no obstante, la guerra económica permanece y obstaculiza el desarrollo y la recuperación de la economía de la isla, con un alto costo humano para la población, y permanece como uno de los factores principales que estimula a la migración.
