Ese evento, transmitido el pasado domingo por medios de comunicación nacionales, inició justamente con una interrogante que indagaba en las opiniones de los candidatos sobre si estarían de acuerdo en juzgar como adultos a menores que cometan delitos graves.
Es inadmisible que en un espacio destinado a delinear propuestas serias se formule una pregunta con “un planteamiento abiertamente inconstitucional y anticonvencional”, indicaron los colectivos civiles en un comunicado divulgado este martes.
Según señalaron, ese cuestionamiento es contrario a los principios de la Doctrina de la Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, reconocidos en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
En respuesta, se replicaron los “discursos estigmatizantes que criminalizan a las niñeces y adolescencias empobrecidas, racializadas y marginadas, a la vez que promovió una postura ideológica alineada a ese pensamiento”.
Los grupos sociales criticaron la postura “reduccionista y punitivista” del Consejo Nacional Electoral (CNE)y del Comité de Debates frente a una crisis de seguridad, cuya complejidad demanda análisis y respuestas mucho más profundas.
Asimismo, las organizaciones consideraron que se desvió la atención de los verdaderos detonantes de la crisis, como la pérdida de capacidad de acción del Estado, la desigualdad, el acceso limitado a oportunidades y la falta de políticas integrales para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Insistieron en que la pregunta fue “inapropiada, impertinente e irresponsable”, sobre todo por lo reciente de la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil.
Además, dio vía libre para que un grupo de candidatos expusieron discursos arcaicos de mano dura y de regresión de derechos, como la pena de muerte (abolida hace más de 100 años), la cadena perpetua o el relajamiento de garantías judiciales.
Ecuador irá a las urnas el próximo 9 de febrero a elegir presidente, vicepresidente, 151 legisladores y cinco parlamentarios andinos.
En el debate presidencial, la mayoría de los 16 candidatos abogaron por políticas de mano dura contra el crimen organizado.
