Jan informó que solicitó una orden de arresto ante la sala de cuestiones preliminares II de la Corte Penal Internacional en contra del jefe máximo de los talibanes, Haibatullah Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo del Emirato Islámico de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani, a quien consideró como «penalmente responsables del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género».
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Sin embargo, las órdenes de arresto «carecen de base legal, son de naturaleza dudosa y tienen motivaciones políticas», consideró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán, de acuerdo con un comunicado publicado en la red social X.
«Es lamentable que se estén lanzando acusaciones tan infundadas contra los honorables líderes del Emirato en un momento en que Afganistán disfruta de paz en todo el país y su pueblo ha respirado aliviado. Las prisiones privadas, los secuestros, las islas de poder y muchas otras miserias y actividades inhumanas han sido erradicadas», detalló el Ministerio.
La dependencia afgana cuestionó que la corte haya «hecho la vista gorda» ante «los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por fuerzas extranjeras y sus aliados nacionales durante los 20 años de ocupación de Afganistán».
«Estas órdenes de detención carecen de base legal, muestran un doble rasero y están motivados políticamente», afirmó la Cancillería afgana.
«Este comportamiento inapropiado erosiona aún más la ya inexistente credibilidad de dicha institución y debilita su estatus y sus decisiones completamente carentes de sentido a nivel internacional», añadió.
En su posicionamiento, el Gobierno de Kabul pidió a la corte poner fin a los intentos de «imponer una interpretación específica de los derechos humanos en todo el mundo, ignorando los valores religiosos y nacionales de los pueblos del mundo».
El fiscal Jan explicó que los dirigentes afganos son penalmente responsables de perseguir a niñas y mujeres afganas, así como a personas que los talibanes consideraban que no se ajustaban a sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género, y a personas que los talibanes consideraban aliadas de niñas y mujeres.
Según la fiscalía de la CPI, la persecución contra mujeres y niñas afganas se cometió desde al menos el 15 de agosto de 2021 hasta la actualidad, en todo el territorio de Afganistán.
«Esta persecución en curso conlleva numerosas privaciones graves de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y a la autonomía, a la libre circulación y a la libre expresión, a la educación, a la vida privada y familiar, y a la libertad de reunión», señaló Jan.
Por supuesto. Todavía medio mundo -el medio mundo decente- está esperando la orden de arresto contra Netanyahu y su gobierno por el genocidio de Gaza. Llevan así como 6 meses pensándoselo.