Estamos aquí para mostrar nuestra total solidaridad con el pueblo sirio y para decir alto y claro NO a lo que el Gobierno de España está consintiendo en la República Árabe Siria.
Desde hace ya más de 100 días allí se está produciendo la persecución y eliminación física de miles de sirios de todo origen étnico, religioso, social y regional.
Hace solo una semana atrás el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos cifraba en más de 1500 las mujeres, niños, ancianos y otros sirios masacrados en varias provincias sirias por grupos armados dependientes de la actual administración de facto. Organizaciones que la ONU, la Unión Europea y la propia España considera terroristas y en las que participan muchos mercenarios extranjeros que nada tienen que ver con Siria y su pueblo.
Se trata de grupos amparados por el mismo régimen que el Ministro Albares se apresuró a validar y reconocer viajando a Damasco para estrechar la mano de quien apenas un día antes calificaba de peligroso terrorista de Al Qaeda.
Sin personalidad y memoria histórica y democrática propias respecto a Siria, el Gobierno español hace lo que le dictan París y Berlín y como ellos apenas condena con la boca pequeña estos asesinatos en masa anunciados y consentidos. Es más, al referirse a “minorías” y no a sirios el Gobierno de Pedro Sánchez viene indirectamente a prestar una coartada a dichos crímenes de odio. Entre ellos se cuenta el secuestro y asesinato de miles de mujeres por aquellos delincuentes comunes que sin mediar criterio judicial alguno hace tres meses salieron de las cárceles sirias en las que el ministro Albares posó complacidamente.
Coartada que lo mismo vale para justificar los despidos masivos que se están produciendo en la administración pública siria. Desde el pasado 8 de diciembre un tercio de los funcionarios han perdido sus trabajos sin mediar razón laboral alguna más allá del puro sectarismo que desde aquí se tolera y ampara.
Excusa que también vale para que, como todo lo que sucede en Siria desde hace tres meses, se imponga de facto a nosotras las mujeres el uso del velo islámico. O la separación de mujeres y hombres en un transporte público, todo sea dicho, también ya privatizado de facto.
Todo ello se hace después de que se haya anulado la Constitución, se haya despedido a jueces y fiscales, se hayan prohibido los partidos políticos y sindicatos y se haya impuesto la Sharía o ley islámica como principal fuente de jurisprudencia. Por ello no hay ninguna garantía de imparcialidad y de respeto a los Derechos Humanos más básicos que el Gobierno de España dice proteger y promover.
España tampoco ha condenado a su aliado Israel, que por primera vez en casi 60 años ha vuelto a invadir territorio sirio, facilitando así la división del hasta ayer Estado soberano y unitario sirio de acuerdo a los mismos criterios étnicos y religiosos por los que se creó el Estado sionista de Israel al que el Gobierno de Pedro Sánchez también critica con la boca pequeña. Sobre el Gobierno de Turquía, gran responsable de lo que ocurre en una Siria donde mantiene tropas de ocupación, ni una sola palabra del Gobierno de España.
Consentir todo ello convierte al Gobierno de España y a través suyo a la Unión Europea en cómplices y responsables directos de todo esto. Desde un Madrid que esta semana recuerda el vigésimo primer aniversario de los atentados terroristas del 11-M y el Día de la Mujer Trabajadora, decimos alto y claro: Señoras y señores del Gobierno de España. NO EN NUESTRO NOMBRE.
