El presidente del país, Gustavo Petro, quien aseguró que acompañaría la manifestación de Bogotá, declaró esta jornada como día cívico para que la clase trabajadora pueda salir a protestar y reclamar sus derechos en respuesta a la firma por parte de ocho congresistas de una ponencia de archivo que constituye la antesala del hundimiento del proyecto de ley.
De acuerdo con el jefe de Estado, la movilización marcará la primera acción de todas las que formarán parte de la convocatoria a una consulta popular para que la población decida sin intermediarios, según apuntó el gobernante, si está o no de acuerdo con las reformas propuestas por su Gobierno.
El presidente decidió invocar ese ejercicio de participación ciudadana tras alegar que el Ejecutivo ejerce un bloqueo institucional ante las propuestas nacidas del Ejecutivo para reivindicar los derechos sociales.
Las movilizaciones ocurrirán mientras en los integrantes de la Comisión Séptima debaten la reforma laboral.
Se prevé que en ese comité se analice hoy la ponencia que pide la aprobación del proyecto; la de la oposición, mayoritaria, en busca de su archivo; y una tercera alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado.
En las marchas que se celebrarán en los 32 departamento del país confirmaron ya su participación el Comando Central Unitario de Colombia, integrado por tres centrales obreras y dos confederaciones de pensionados y otras organizaciones sindicales como la Federación de Educadores.
Habrá representación de los pueblos originarios con la participación del Consejo Regional Indígena del Cauca, y también se sumará la Confederación Agraria Pacto Campesino.
La reforma laboral busca establecer una jornada máxima laboral de ocho horas diarias y 42 horas semanales.
Determina que el tiempo extra no puede exceder las dos horas diarias y las 12 semanales, en tanto se estipula un recargo del 35 por ciento para quienes laboren de noche.
Otra de las disposiciones de la iniciativa establece que aquellos que trabajen en su día de descanso ganarán el doble por cada hora en la que permanezcan ocupados.
Tomando en cuenta su contenido, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Séptima del Senado continuar el debate en torno al proyecto, por considerar que está orientado a crear herramientas para avanzar en la garantía, respeto y protección del derecho al empleo.
Por su parte, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino declaró que, según cálculos de esa entidad, la Reforma Laboral podría estar generando 91 mil nuevos empleos cada año una vez arranque su implementación.
