El accidente ocurrió el jueves pasado debido a un deslave que rompió el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo cual generó la contaminación de los ríos que abastecen a la población y la actividad agrícola en los cantones Esmeraldas, Río Verde, Atacames y Quinindé.
En ese contexto, camiones cisternas han repartido agua potable y se espera que este martes buques de la Armada ecuatoriana llegarán con el líquido vital.
El alcalde de ese cantón, Ronald Moreno, alertó sobre los efectos en la salud y dijo a la prensa local que alrededor de 600 personas fueron atendidas con asfixia, infecciones en la piel y problemas estomacales.
La estatal Petroecuador, a cargo del SOTE, no ha informado cuántos barriles de crudo se derramaron, pero la mancha de petróleo recorrió 82 kilómetros a lo largo de los ríos y llegó hasta el océano, por lo que las autoridades cerraron tres playas de la zona.
Las labores de contención incluyen brigadas en siete puntos de los ríos Viche y Esmeraldas, mientras Petroecuador trabaja en la reparación de la tubería.
Si bien el transporte de petróleo por ese oleoducto está suspendido, líneas de transporte secundario permiten mantener las exportaciones y el suministro de combustibles en el país.
En redes sociales circuló un documento en el cual Petroecuador declaró fuerza mayor tras recibir un informe técnico el 15 de marzo, medida que podría extenderse hasta por 60 días para evitar posibles demandas por incumplimientos de las ventas.
Expertos advierten que la crisis podría prolongarse. «La fuerza mayor permite sortear obstáculos legales, pero el panorama es complicado. Se viene duro», afirmó Darío Dávalos, especialista en hidrocarburos.
Mientras autoridades de los municipios afectados por el derrame exigen al Gobierno acciones urgentes para disminuir el impacto ambiental y social de la catástrofe, la ministra de Energía y Minas y titular del Comité de Operaciones de Emergencias, Inés Manzano, aseguró que «está haciendo todo lo posible para hacer contención”.
Manzano prometió que se efectuarán trabajos de remediación y compensación.
Se espera que este martes, la Asamblea Nacional (Parlamento) analizará las acciones emergentes para mitigar daños ambientales y proteger a los pobladores de las zonas afectadas.
