Antonio Zurera López (Unidad y Lucha).— Los servicios públicos esenciales, como es el caso de la sanidad y de una adecuada atención sanitaria a los y las trabajadoras, son el principal punto de mira para los diferentes gobiernos (estatal y autonómicos) cuando se trata de recortar.
El mal llamado Estado del Bienestar no puede estar más en decadencia. Habiéndose renunciado hace décadas al modelo público de gestión de los sistemas sanitarios autonómicos, en la actualidad estamos en el momento en el que la privatización de la sanidad pública ha alcanzado su máximo auge.
No es casualidad que en todos los territorios del Estado español existan prácticamente los mismos problemas en sus respectivos sistemas sanitarios. La problemática tiene una única causa: mientras desmantelan la sanidad pública con recortes, abastecen a sus redes clientelares con dinero público, haciendo negocio con la salud de todos y todas nosotras.
En el caso de Andalucía, la sanidad pública está cada vez más deteriorada, ya no solo en la asistencia directa a pacientes en los Centros de Salud y en los Hospitales (listas de espera interminables, falta de citas previas, escasez de personal sanitario contratado, desmantelamiento de especialidades médicas, etc.), sino también en lo referente a todos aquellos servicios que la sociedad necesita para tener a su alcance una sanidad de calidad, siendo uno de esos servicios el transporte sanitario.
En este sentido, la situación del transporte sanitario en la Provincia de Córdoba, y más concretamente en los Hospitales de Montilla y Puente Genil, pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, ha llevado a sus trabajadores a una Huelga en defensa de sus derechos laborales y salariales, situación que afecta también a municipios cercanos como es el caso de Aguilar de la Frontera.
De esta forma, los usuarios y pacientes de la sanidad pública en la Provincia de Córdoba estamos sufriendo los problemas que están ocasionando en el servicio de transporte sanitario las diferentes empresas que resultaron adjudicatarias del último contrato administrativo, aquel con el que quitaban a Aguilar de la Frontera su ambulancia de traslados urgentes.
En concreto, los trabajadores de la empresa Transportes Sanitarios del Sur de Córdoba llevan cinco meses sin percibir sus salarios, a lo que se suma el adeudo de pagas extras y de la subida salarial ordinaria de los dos últimos años, que a día de hoy tampoco han percibido.
Pero el desastre no termina con la falta de cobro de los salarios por parte de los trabajadores. Ambulancias desechadas y que provienen de otras ciudades, extintores caducados y en mal uso, neumáticos en los alambres o instalaciones que no sea adecuan a las necesidades de los trabajadores son algunas de las demandas que han llevado a estos trabajadores a la Huelga.
Todo ello está siendo consentido por el Gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Popular, de la mano de Moreno Bonilla, que no se preocupa por la nefasta situación del trasporte sanitario en el Sur de Córdoba ni por garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y salariales de sus trabajadores por parte de las empresas adjudicatarias.
Estas empresas, para mantener sus tasas de ganancias a costa de dinero público, incumple sus obligaciones empresariales respecto a sus trabajadores paralizando sus proyectos de vida.
En estos momentos, se ha comunicado que la Huelga de los trabajadores del servicio de ambulancias de los Hospitales de Montilla y Puente Genil continuará hasta alcanzar un acuerdo justo, realizándose el paro del servicio en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, periodo en el que tan solo se garantizarán los servicios mínimos establecidos.
Ante esta situación, el Grupo Municipal de Unidad Popular de Aguilar (UPOA) ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para que sea transmitido un mensaje institucional de apoyo y la solidaridad a los trabajadores del servicio de ambulancias de los Hospitales de Montilla y Puente Genil en la defensa de sus derechos laborales y salariales, así como para instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la adopción de las medidas administrativas oportunas hacía las empresas adjudicatarias de los servicios del transporte sanitario para garantizar un total cumplimiento de los derechos laborales y salariales de los trabajadores.
Desde el PCPA de Córdoba también reivindicamos una rápida solución para estos trabajadores, apostando firmemente por la necesidad de conformar una sanidad íntegramente pública y de calidad, también en en los servicios sanitarios derivados como es el transporte sanitario, lo que evitaría que todo el enjambre de empresas clientelares que se benefician de dinero público pongan en riesgo el bienestar de familias trabajadoras.
