Tras concluir una marcha en esta capital y durante una concentración en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento), el secretario general del sindicato de los obreros de la industria de la construcción, Saúl Méndez, dijo que la protesta también se ha extendido a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Darién, entre otras.
El también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida indicó que entregaron al Legislativo un proyecto que insta a anular la iniciativa sancionada por el Gobierno pero perjudicial a los trabajadores y sus familias.
Con unidad, dijo, derrotaremos en las calles a Ley 462, pero también la intención del Ejecutivo de abrir la mina de cobre de Donoso (Colón) a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que ordenó el cierre de las operaciones.
Méndez agregó que el pueblo organizado sabrá defender además la soberanía del istmo ante las crecientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retomar el Canal de Panamá, ante las cuales el gobernante local José Raúl Mulino se pone de rodillas y actúa como cómplice.
De otra parte, adelantó que el próximo sábado los lideres de las agrupaciones y gremios adoptarán otro grupo de acciones para rechazar la norma de la seguridad social, entre las cuales no se descarta una huelga indefinida en todo el país.
Para los colectivos la Ley 462 también reduce las pensiones de los jubilados y aumenta la edad de retiro de manera enmascarada.
Además cuestionan que -contrario al modelo solidario- el de cuentas individuales que establece la normativa es obsoleto y de bajo rendimiento, además de que fracasó en unos 30 países, según estudios de la Organización Internacional del Trabajo. A través de abogados, trascendió, la alianza presentó ante el Supremo una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la recién sancionada Ley 462.
