El ejército israelí ha asesinado a cerca de 900 palestinos en Gaza desde el 18 de marzo, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Los bombardeos, que no cesan desde la ruptura de la tregua, han dejado también casi 2.000 heridos en una nueva escalada de violencia.
La cifra total de víctimas desde octubre supera los 50.000 muertos, en lo que organizaciones de derechos humanos califican como un genocidio en curso.
En este semana, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu justificó la reanudación de los ataques, al acusar a Hamás de rechazar un plan de alto al fuego promovido por EE.UU. Sin embargo, el Gobierno de ocupación paralizó el suministro eléctrico a plantas de agua y bloqueó la entrada de ayuda humanitaria, antes de reiniciar la ofensiva. Esta estrategia de castigo colectivo, que ha sido condenada por la ONU, agrava la crisis humanitaria en un territorio al borde de la hambruna.
Durante seis semanas de tregua, Hamás liberó a 30 rehenes israelíes vivos y devolvió ocho cuerpos, mientras Israel excarceló a 1.700 presos palestinos y retiró tropas de Gaza.
El acuerdo, mediado por Qatar y Egipto, demostró que las soluciones diplomáticas son viables cuando hay voluntad política. Pero el gobierno israelí, en línea con su agenda de ultraderecha, optó por retomar la guerra en lugar de prolongar la paz.
Mientras Hamás intenta negociar con los pocos rehenes que quedan, Israel sigue destruyendo sistemáticamente escuelas, mezquitas y barrios enteros. Los hospitales colapsan, los niños mueren bajo los escombros, y Occidente sigue armando y financiando a los verdugos. Esta no es una guerra, es un crimen contra la humanidad ejecutado por un régimen apartheid con licencia para matar.
