En el texto divulgado, los Ministros del Exterior y Altas Autoridades reiteraron el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas “a poner fin de inmediato al ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos” a la isla hace más de seis décadas.
Afirmó que esa medida punitiva viola la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, “impacta nocivamente sobre los derechos humanos del pueblo cubano y es el principal obstáculo para su desarrollo”.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reclamó asimismo “la inmediata exclusión de Cuba de la arbitraria y unilateral lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo”, elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esa decisión, señaló, “recrudece a niveles sin precedentes el cerco económico contra ese país, con graves afectaciones a su población”.
Agradeció y reconoció los programas de cooperación médica cubana, que “salvan incontables vidas y constituyen un pilar muy importante de los sistemas de salud”, en países de la Alianza y otros de la región, al tiempo que rechazó las medidas administrativas y de presión política impuestas por Washington.
El bloque de integración latinoamericano y caribeño exigió también el “levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra los pueblos y gobiernos de Nicaragua y de Venezuela”, violatorias de los propósitos y principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.
Al respecto, reafirmó su solidaridad con los gobiernos y pueblos de ambos países en su lucha por la defensa de la paz, la soberanía y el desarrollo con justicia social.
El documento rechazó la política estadounidense para “convertir a terceros países de América Latina y el Caribe en centros receptores y de internamiento de migrantes”, con lo cual socava sus soberanías y genera preocupación en la comunidad internacional por el impacto sobre los derechos humanos.
En ese sentido, repudió la manipulación política y mediática, que justifica las deportaciones como una solución a la crisis migratoria, encubriendo las verdaderas causas estructurales del fenómeno.
Además de “soslayar la garantía y protección a la dignidad y los derechos humanos e incitar al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y fascismo”, apuntó.
El ALBA-TCP se solidarizó con Palestina al exigir “el cese inmediato de la ocupación ilegal” de sus territorios y de la humillación mediática indignante y aberrada, ignorando el sufrimiento de ese pueblo, y ratificó el reconocimiento de un Estado soberano con Jerusalén Oriental como su capital.