Javier Martorell (Unidad y Lucha).— Según se desvíen más fondos a unas partidas, menos serán los que se inviertan en otras. Es sencillo llegar a esta conclusión, además de tratarse de sencillas matemáticas son un argumento perfecto para que el sistema, a través de sus herramientas de manipulación, consiga centrar en ello la atención colectiva y eclipsar así el efecto de otras tantas consecuencias de sus actuaciones. Quieren que veamos la punta del iceberg y obviemos la inmensidad del resto. En esta tesitura a nadie se le escapa en qué lado está el Ejecutivo PSOE-SUMAR cuando de lo que se trata es de servir a los intereses del imperialismo. Un Gobierno que no quiere hablar de rearme, pero que pretende elevar extraordinariamente el presupuesto destinado a Defensa.Un Gobierno que, con boca pequeña, critica el genocida ataque contra el pueblo palestino mientras no duda en apoyar la farsa de los dos Estados, blanqueando el Estado sionista de Israel y facilitando el aprovisionamiento de armas para su ejército asesino. No, a nadie se le escapa que este Gobierno, el que se define como el más progresista de la historia, sea el mismo que se sitúa junto al fascismo en Ucrania. No nos engañan.
Sin lugar a dudas, se consolida el apoyo institucional a las guerras impuestas por los intereses del imperialismo, hasta el extremo de mostrarse cada vez más cercana la posibilidad de participar directamente en el conflicto armado. Y es este y no otro el motivo por el que la propaganda del sistema se afana en encapsular la información, en enfocar la crítica en torno a consecuencias meramente económicas. En muchos medios, incluso en los más afines al Gobierno, se están analizando los recortes que deberán asumir algunas partidas para afrontar el incremento del gasto logístico y militar en el que estamos inmersos. No vamos a negar la obviedad, es indudable que el efecto negativo que ya repercute sobre las políticas sociales es enorme, incluso devastador para los intereses de la clase trabajadora a medio y largo plazo, pero la realidad quedaría absolutamente sesgada si permanecemos ahí y no profundizamos. Otros medios, bien de manera interesada o bien por estar inmersos en el discurso impuesto, no entran en ello. Nosotros sí.
Pero, ¿qué consecuencias podrían ser tan contundentes, si no más, que los recortes y el colapso de la inversión pública en recursos sociales? No es necesario rebuscar para encontrar las primeras respuestas, basta con ojear la Constitución Española, esa misma a la que todos los miembros del Gobierno prometieron defender. Leamos, entre otros, el artículo 55, regulador de derechos y libertades. El texto es claro, en una situación excepcional el poder ejecutivo podrá suspender derechos y libertades fundamentales. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Es sencillo: supongamos que España entra en una situación excepcional, participando de manera activa (armada) en una guerra y, en consecuencia, el Gobierno reclama mayor capacidad de acción con la excusa de garantizar el restablecimiento de la normalidad en el menor plazo posible. En ese supuesto, el artículo 55 de la Constitución otorga al Parlamento la autoridad para dotar al Gobierno el máximo control y para restringir o suspender derechos y libertades fundamentales. Señalamos algunos en concreto: el derecho a la libertad y seguridad personales, pudiendo proceder a la detención de cualquier persona por el simple hecho de sospechar de ella. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, adoptando la capacidad de ordenar y disponer inspecciones y registros indiscriminadamente. El derecho al secreto de las comunicaciones, interviniendo sin restricciones todo tipo de mensajería y comunicación personal. La libertad de circulación y residencia, pudiendo prohibirse la circulación de personas y vehículos, incluso con capacidad para desplazar a la población de sus residencias. Los derechos a la libertad de expresión, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y el secuestro de las publicaciones, grabaciones u otro medio de información. Los derechos de reunión y manifestación, pudiendo la autoridad prohibir su celebración o proceder a la disolución de las mismas. Los derechos de huelga, así como un largo etcétera.
Igualmente, respecto a la regulación para el reclutamiento y envío de tropas y atendiendo a la reciente ley de Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 (Gobierno PSOE-UP), si bien no se contempla explícitamente que las españolas y españoles deban ser llamados a filas por guerra, sí se sitúa la puesta en funcionamiento de un planteamiento estratégico que movilizaría a la sociedad civil. Todas y todos a la guerra, ese es el destino para el pueblo trabajador.
Nada de esto se pone en evidencia, ni lo exponen los medios tradicionales ni tampoco los alternativos, fruto de los intereses del sistema, de su profunda capacidad de manipulación y de la maquinaria de propaganda que influye en todos los ámbitos de la sociedad. El sistema, inmerso en una crisis estructural que lo mantiene herido de muerte, busca su salvavidas en este extremo de guerra y está trabajando firmemente en ello. No queda la menor duda.
Hay que gritar alto y claro. Desde la prensa revolucionaria, desde el análisis de clase que solo podemos hacer las y los comunistas, no perderemos la oportunidad de denunciar y evidenciar las maniobras del imperialismo para someter los pueblos del mundo. No a la guerra imperialista, SI a la paz y al avance de los pueblos libres y soberanos.
