En 2005, los electores de Francia y de los Países Bajos rechazaban, en sendos referéndums, el Tratado que debía imponer una “Constitución Europea”. Pero, en 2007, los parlamentos de esos dos países adoptaron prácticamente el mismo texto, rebautizado como “Tratado de Lisboa”, sin someterlo a la aprobación de sus electores. Era la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que las clases dirigentes de Francia y de Países Bajos expresaban sin ambages su desprecio por la voluntad de sus pueblos.
Diecinueve años después, ese desprecio está haciéndose todavía más evidente, como quedó demostrado, por ejemplo, en 2020, durante la epidemia de Covid-19. En aquel momento, las clases dirigentes elaboraron un discurso, desconectado de la realidad científica, que presentaba aquella enfermedad como una plaga devastadora, comparable con la peste; impusieron un tratamiento único, las inyecciones de compuestos a base de ARN mensajero, mintiendo a las poblaciones al presentar esos compuestos como “vacunas” y, finalmente, imponiendo, con el apoyo político de la jerarquía médica, el confinamiento obligatorio a las personas sanas.
En 2022, todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo a Francia, prohibieron el canal de televisión informativo Russia Today, expulsándolo incluso de internet, 3 días después del inicio de la “operación militar especial” rusa contra los nacionalistas integristas ucranianos. Los Estados europeos violaban así la Convención Europea de Derechos Humanos.
Posteriormente, Francia prohibió C8, un canal de televisión nacional que estaba cometiendo el grave delito de… no decir lo mismo que los demás.
Esta misma semana, 3 jueces franceses decidieron prohibir a la candidata favorita de gran parte de los electores presentarse a la próxima elección presidencial, en 2027.
Es cierto que el sindicato de los magistrados había exhortado esos jueces a «cerrarle el camino a la extrema derecha». Es cierto que el Consejo Constitucional había dado su aval a la posibilidad de que un tribunal de primera instancia despoje a alguien de sus derechos cívicos –otra violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. También es cierto que los hechos imputados a esta personalidad política son los mismos que todos los partidos políticos –sin excepción– cometieron en aquel mismo momento. Pero, de todas maneras, al pretender impartir justicia “en nombre del Pueblo francés”, esos magistrados expresaron su soberano desprecio por el voto de sus conciudadanos.
Ahora, sintiendo la cuerda alrededor de sus cuellos, los dirigentes franceses protestan contra un peligro que ven como una amenaza para todos ellos… ¡pero no hacen absolutamente nada!
Desde el extranjero, el Kremlin denuncia una «violación de las normas democráticas»; el primer ministro húngaro, Viktor Orban, escribe en las redes sociales «Je suis Marine!» [“¡Yo soy Marine!”, en referencia a la sancionada Marine Le Pen]; el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, clama en las redes sociales «No nos dejemos intimidar, no nos detengamos ¡Adelante, amiga!»; el responsable del Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE) estadounidense, Elon Musk, declara que «Es un caso muy importante. Eso nos recuerda nuestro país, se parece mucho».
