«Dos años después del inicio de la guerra en Sudán, las noticias siguen siendo extremadamente desalentadoras», afirma la agencia dependiente de las Naciones Unidas en un documento dado a conocer este 11 de abril, añadiendo que el conflicto en el país africano muestra «escasos» signos de remitir.
Desde el 15 de abril de 2023, el Ejército regular de Sudán, liderado por el general Abdel Fatá Burhan, presidente del Consejo Soberano de Transición, libra combates encarnizados con el grupo paramilitar (FAR) encabezado por el general Mohamed Hamdan Dagalo. Este enfrentamiento, señala el comunicado, está generando familias destrozadas, un futuro incierto para millones de personas y una amenaza para la estabilidad regional.
En ese sentido, ACNUR asegura que casi 13 millones de personas han huido de sus hogares hasta la fecha, mientras que cerca de cuatro millones han cruzado a países vecinos como Egipto, Sudán del Sur, Chad, Libia, Etiopía, la República Centroafricana, e incluso a países más lejanos como Uganda.
«El desplazamiento ha seguido aumentando durante el segundo año del conflicto, con más de un millón de personas huyendo de Sudán. Los recién llegados cuentan haber sufrido violencia sexual sistemática y otras violaciones de derechos humanos, además de haber sido testigos de matanzas masivas. La mitad son niños y niñas, de los que miles de ellos han huido solos, sin ningún familiar. Sudán es ahora el país africano con el mayor número de personas refugiadas», advierten.
El organismo afirma que si bien sus trabajadores en el terreno están redoblando esfuerzos para asistir a las familias que deciden regresar, la reducción de fondos internacionales destinados a la ayuda humanitaria, especialmente de parte de EEUU, limitan este trabajo y tornan casi imposible la vida de las personas.
«La reducción de la financiación se traduce en que los estudiantes refugiados y de las comunidades de acogida tengan que hacer frente a un hacinamiento extremo en las escuelas. (…) En todos los países de acogida de refugiados, se están cerrando espacios seguros y suspendiendo servicios de trabajadores sociales, dejando a decenas de miles de mujeres y niñas sin acceso a apoyo legal, atención médica ni apoyo vital», concluyen.
