Mariley García Quintana (Granma).— Luego de la segunda vuelta electoral en Ecuador, el pasado domingo 13 de abril, marcada por las numerosas irregularidades en torno al proceso que reeligió en su cargo al empresario Daniel Noboa, varios miembros del partido Revolución Ciudadana (RC) viven ahora el acoso y la persecución política.
Una alerta migratoria contra varios miembros de la izquierda ecuatoriana fue denunciada por el expresidente de la nación Rafael Correa y otros representantes de organismos y organizaciones, al filtrarse una lista en la cual figuran miembros del movimiento político, críticos al Gobierno de Noboa y hasta periodistas, inhabilitados de facto a salir del país.
Telesur refirió que el compañero de fórmula de Luisa González, candidata presidencial de RC, Diego Borja, denunció haber sido detenido la víspera de modo arbitrario junto a su familia, cuando intentaban viajar a Colombia para pasar Semana Santa. «Mi “falta” ha sido defender un proyecto político que siempre ha creído en la justicia social, la distribución de la prosperidad, la soberanía y la dignidad», afirmó Borja.
Por su parte, Verónica Sarauz, viuda del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, también sufrió la persecución política cuando intentaba ingresar al país. Desde X refirió: «fui víctima de un acto intimidatorio, arbitrario y completamente ilegal por parte de funcionarios policiales apostados en los módulos de Migración», en la noche del 15.
En medio de un contexto bien complejo, la nación sudamericana vive uno de sus momentos más tensos en cuanto al divisionismo político extremo del país. En tanto, desde Ecuador y otras partes del mundo, políticos y organizaciones han rechazado los resultados de la segunda vuelta presidencial, un proceso calificado por la líder de RC como «el fraude más grotesco de la historia».
Las noticias que ustedes publican sobre el Ecuador no son correctas. La izquierda no apoyó a ningún candidato y más bien prepara el 1 de Mayo para demostrar su fuerza y exigir al gobierno de Noboa el cumplimiento de las obras prometidas . De igual manera los trabajadores exigen sanciones a los correistas acusados de corrupción y persecución al pueblo