
En este sentido, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, identificó las medidas coercitivas unilaterales como mecanismos de guerra económica que violan el derecho internacional. Igualmente, el documento señala específicamente a Cuba, Nicaragua, Irán, Zimbabue y Venezuela como víctimas de estas prácticas ilegales.
Asimismo, la declaración advierte que los aranceles punitivos distorsionan el comercio global y agravan las desigualdades Norte-Sur.
En este mismo punto, señalan que el documento hace una crítica firme a la instrumentalización de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para imponer medidas que perjudican el desarrollo de países emergentes.

Dicha declaración política, vincula los flujos migratorios con los bloqueos ilegales y condena las deportaciones masivas que violan los derechos humanos fundamentales, mientras subraya la hipocresía de naciones hegemónicas que generan crisis humanitarias y luego criminalizan a sus víctimas.

En este contexto, los países miembros exigen un instrumento vinculante que garantice este principio frente a las prácticas extractivas del capital global. Ante esto, la declaración conecta esta lucha con la descolonización pendiente en Puerto Rico y Palestina.
A su vez, el Grupo reclama una solución integral basada en derechos inalienables: autodeterminación, retorno y fin de la ocupación. Al mismo tiempo, asevera que la paz regional requiere justicia histórica, no meros acuerdos de seguridad.
Tal es el caso, que al cumplirse el 80° aniversario de la derrota nazi y el caso puertorriqueño, sus vestigios históricos evidencian la vigencia de batallas contra formas actuales de dominación.
Es así que, la misiva exige aplicar la resolución 1514 de la ONU, titulada Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, adoptada el 14 de diciembre de 1960, en aras de terminar con enclaves coloniales en el siglo XXI.