La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este sábado una orden que bloquea, temporalmente , las deportaciones de venezolanos detenidos en el centro Bluebonnet, en el norte de Texas, bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La decisión, que contó con la disidencia de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, responde a una apelación de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
ACLU argumentó que las autoridades migratorias estaban reanudando las deportaciones sin cumplir con los requisitos establecidos previamente por la Corte Suprema, que incluyen otorgar a los detenidos tiempo razonable y la oportunidad de impugnar su remoción en tribunales.
“Estamos profundamente aliviados de que la Corte haya bloqueado temporalmente las deportaciones. Estas personas estaban en peligro inminente de pasar el resto de sus vidas en una prisión salvadoreña brutal sin haber tenido ningún debido proceso”, declaró el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
La Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra que permite la detención o deportación de ciudadanos de naciones consideradas enemigas, ha sido invocada solo tres veces en la historia de EE.UU., la última durante la Segunda Guerra Mundial para internar a cientos de miles de civiles japoneses-estadounidenses.
La administración de Donald Trump ha utilizado esta ley para justificar la deportación de venezolanos acusados de pertenecer a la extinta banda criminal Tren de Aragua, designada organización terrorista extranjera en marzo, a pesar de estar disuelta.
ACLU denunció que algunos detenidos en Bluebonnet recibieron documentos en inglés que no podían entender y fueron presionados para firmarlos. En un caso, un abogado reportó que a su cliente se le informó que sería deportado incluso si no firmaba los papeles.
El fallo de la Corte Suprema llega en medio de una intensa batalla legal. Jueces federales en Colorado, Nueva York y el sur de Texas ya habían emitido órdenes para detener las deportaciones bajo esta ley, pero no existía una medida similar en el área específica de Texas donde se encuentra el centro Bluebonnet.
La ACLU advirtió que las autoridades migratorias estaban trasladando a los detenidos a esta instalación para eludir las restricciones judiciales.
El juez de distrito James Wesley Hendrix, designado por Trump, se negó esta semana a emitir una orden que prohibiera las deportaciones, argumentando que no había evidencia de que estas fueran inminentes.
Sin embargo, la ACLU presentó declaraciones juradas de abogados que indicaban que algunos detenidos ya estaban siendo preparados para ser deportados.
La administración Trump ha enfrentado críticas por el uso de esta ley para deportar a venezolanos a países como El Salvador, donde enfrentan condiciones extremas en prisiones notoriamente violentas. La Corte Suprema ha dejado claro que cualquier deportación bajo esta normativa debe cumplir con estrictos estándares de debido proceso.
