Es necesario diferenciar la posición de Hungría de la del resto de los países de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y tener en cuenta que la CPI carece de estatus jurídico internacional, indicó Szamuely.
«[La CPI] no está afiliada a las Naciones Unidas y, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, se trata en realidad de un conjunto bastante arbitrario de países que se reunieron durante la década de 1990 y trataron de crear un órgano jurídico internacional ficticio que pudiera utilizarse contra los adversarios de Occidente en un sentido moral y jurídico para poder juzgar a distintos malhechores», destacó.
También agregó que «las potencias occidentales fueron las patrocinadoras de la Corte Penal Internacional, pero siempre asumieron que, por supuesto, ellas mismas nunca serían juzgadas».
Según el especialista, el único caso en el que la CPI pareció perseguir a una potencia occidental fue el del Reino Unido cuando se le acusaba de haber cometido crímenes de guerra en Irak. Sin embargo, el caso fue cerrado porque la CPI, según el analista, dictaminó que «el Reino Unido ha demostrado que está dispuesto a investigarse a sí mismo, y si un país está dispuesto a investigarse a sí mismo, no tiene sentido que la CPI se involucre».
Szamuely calificó esto de «fraude», indicando que la investigación realizada por Reino Unido fue ficticia.
«Por supuesto, fue un fraude porque Reino Unido llevó a cabo una investigación puramente formal. Un hombre, solo un hombre, fue realmente acusado de crímenes de guerra, abuso de confinamiento, y fue condenado a un año de prisión», explicó.
Asimismo, enfatizó que las grandes potencias, como Estados Unidos, Rusia, China y la India, no están sujetas a la CPI.
«Así que tiene muy poca base legal. Es un mecanismo que permite a algunas potencias occidentales, principalmente europeas, sentirse bien consigo mismas, sentir que están del lado de la ley y la moral. Pero, en última instancia, no proporciona legitimidad ni justicia», señaló.
El especialista concluyó que lo pernicioso de la CPI es que se permite a sí misma ser utilizada como un arma de propaganda.
«No tiene nada que ver con la ley, nada que ver con la justicia, nada que ver con la moralidad. Es simplemente una herramienta de las potencias occidentales», resumió.
