Vladia Rubio (CubaSí).— Las imágenes son conocidas: patrullas policiales, cintas amarillas, el llanto de familias desconsoladas… El drama del uso de armas de fuego y de tiroteos masivos en Estados Unidos ha dejado de ser noticia aislada y sorprendente para convertirse en fenómeno persistente en un sistema que parece incapaz de contener la violencia.
Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 -hasta el 24 de abril- se han producido 141 tiroteos masivos en el país.
Entre los más recientes se anota el del 17 de abril último, en la Universidad Estatal de Florida (FSU), en Tallahassee, donde un tiroteo dejó dos muertos y seis heridos. Lo que conmocionó aún más a la opinión pública fue el perfil del presunto agresor: un joven de 21 años, hijo de una diputada del sheriff local, quien habría utilizado el arma de servicio de su madre para perpetrar el ataque. Entre los heridos se encontraba una estudiante que ya había sobrevivido a la masacre de Parkland en 2018. El horror parece repetirse como serpiente que se muerde la cola.
Solo dos meses antes, el 18 de febrero, en Tampa, un ataque a balazos desde un vehículo en movimiento acabó con la vida de Jessie Dorce, joven padre de familia, y dejó tres heridos más.
Días después, el 28 de febrero, en el barrio de Holden Heights, en Orlando, otro tiroteo dejó un muerto y dos heridos. Tres hombres, sin aparente relación entre ellos, fueron baleados en circunstancias todavía no esclarecidas. La violencia, lejos de responder a patrones identificables, parece emerger como un brote impredecible y devastador.
Y aún más inquietante resultó el episodio del 16 de febrero en Miami Beach, cuando Mordechai Brafman, de 27 años, abrió fuego contra un vehículo ocupado por un padre y su hijo de origen israelí, bajo la errónea suposición de que eran palestinos. Ambos resultaron heridos, aunque sobrevivieron. El hecho, calificado como crimen de odio, destapó viejas tensiones en un país donde el odio racial y religioso también se expresa a punta de pistola.
Cifras que espantan
Aunque los números generales de homicidios han mostrado un leve descenso con respecto a etapas anteriores, el problema estructural de la violencia armada sigue intacto. Estados Unidos, con apenas el 5 % de la población mundial, posee el 46 % de las armas de fuego en manos de civiles. Es el país más armado del planeta.
La violencia armada no respeta geografías ni contextos. Afecta desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos. Un informe del Centro para el Progreso Estadounidense señala que la proliferación de armas está vinculada directamente con mayores tasas de homicidio y suicidio. Y, como reflejo trágico, los tiroteos masivos son cada vez más frecuentes en lugares antes considerados seguros: escuelas, templos, supermercados, parques…
En Florida, tras la masacre de Parkland en 2018 -donde un exalumno mató a 17 personas en una escuela secundaria-, se aprobó una ley que elevó la edad mínima para comprar rifles de asalto de 18 a 21 años. Sin embargo, grupos de presión como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) han mantenido una fuerte influencia sobre el Congreso estatal, dificultando nuevos avances regulatorios.
La presión social para un cambio real es intensa, pero los intereses económicos detrás de la industria armamentista —valuada en más de 70 mil millones de dólares anuales— representan un obstáculo formidable.
Tanto es así que a raíz de la reciente tragedia en la universidad floridana, Donald Trump aseguró a reporteros desde el Despacho Oval que «Es una vergüenza y es horrible que este tipo de cosas pasen», pero del tsunami de órdenes ejecutivas que genera sin parar, ninguna se refiere a limitar la compra y uso de armas de fuego.
Ello, a pesar de que el 58 % de los estadounidenses apoya leyes más estrictas al respecto, según una encuesta reciente de Pew Research Center. Pero la última gran legislación en materia de control de armas data de 2022, tras la masacre de Uvalde (Texas), cuando se aprobó una modesta ley bipartidista que fortaleció la verificación de antecedentes para compradores jóvenes y financió programas de salud mental.
En realidad, se trata de apenas parches a un problema que es estructural donde se combinan intereses económicos y políticos con el acceso casi irrestricto a armas letales, tensiones sociales y déficit en salud mental, arreciados los dos últimos a partir de este segundo mandato donde lo mismo migrantes que ciudadanos norteamericanos andan marcados por la incertidumbre y también el miedo.
Solo parches son, considerando sobre todo la postura de Trump y su defensa acérrima de la Segunda Enmienda, que estima el derecho a portar armas como fundamental. Su posición se centra en proteger este derecho e insiste en la aplicación de las normativas ya existentes así como en abordar problemas de salud mental.
Nada o muy poco se habla de las ganancias económicas y políticas que al hombre de la Casa blanca le reporta mantenerse en esa posición, y quien se mantiene sosteniendo que «Es la persona que aprieta el gatillo, no el arma”, como respondiera en octubre del año pasado a un latino que le pedía si «¿Podría explicar su política de control de armas a los padres de las víctimas de tiroteos escolares?»
Un elemento que agrava la situación es el tipo de armas en circulación. Según el informe anual de Small Arms Survey, en Estados Unidos hay más de 20 millones de rifles semiautomáticos tipo AR-15, armas que permiten disparar rápidamente múltiples rondas, aumentando el potencial letal de cada ataque. Muchos de los tiroteos recientes, incluidos los de Parkland, Buffalo y Uvalde, fueron perpetrados con este tipo de armamento.
La facilidad con que se adquieren armas en ferias, ventas privadas o incluso en línea sigue siendo una de las principales brechas que aprovechan los potenciales agresores. En la mayoría de los estados, incluida Florida, no existe un registro obligatorio de armas de fuego, lo que dificulta el rastreo de las mismas una vez que caen en manos criminales.
¿Ciudadanos preparados para qué?
Mientras las cifras de muertos se acumulan, las consecuencias psicológicas también dejan una marca profunda. Según la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), casi el 80 % de los adultos reportan haber experimentado estrés significativo debido a los tiroteos masivos, incluso si no han sido afectados directamente. Se habla ya de una generación que crece bajo el miedo constante a la violencia armada.
No resulta entonces sorprendente que en Estados Unidos haya comenzado a cobrar auge una singular tendencia: la del “ciudadano preparado”.
¿Y preparado para qué?: para un colapso social que ven aproximarse y al que se proponen encarar rifle al hombro.
Son ciudadanos comunes, obreros, profesionales, padres de familia, quienes, al convencerse de la ineptitud del estado para protegerlos, han decidido organizarse y entrenarse en la autodefensa, la eficiencia táctica y los vínculos comunitarios para proteger su vida y la de los suyos.
Tal movimiento, cada vez más visible y marcado por la angustia, ha aupado toda una industria del adiestramiento civil que, lo mismo de modo presencial que digital, ofrece desde entrenamientos combativos hasta técnicas de resiliencia mental frente a desastres. El objetivo no es militarizarse sino ejercitar en tácticas defensivas.
Es así que lo mismo compran brújulas, que mapas topográficos, que botiquines de primeros auxilios, que equipos de radioaficionados, el reconocimiento con drones, la agricultura y tácticas militares, enfocados en tejer redes de apoyo social de cara al apocalipsis.
El periódico The New York Times dedicó el pasado 9 de abril un amplio reportaje a este asunto bajo es título “Los estadounidenses se preparan para cuando se desate el infierno”.
Y solo ese movimiento emergente del ciudadano preparado podría haber sido el centro de estas líneas. Pero la noticia a comentar, la más grave y dramática, es que en Estados Unidos las muertes por armas de fuego, los tiroteos masivos, son ya lo habitual, han dejado de ser noticia.
