El 16 de mayo de 1984, el Estado colombiano reprimió con suma violencia a estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy, 41 años después, reina la impunidad sobre los verdugos del pueblo que cometieron todo tipo de vejámenes. Aquí estamos los comunistas revolucionarios para recordarle a las masas populares la historia que quieren ocultar desde las altas esferas del poder del Estado burgués-terrateniente. Es necesario que los crímenes cometidos ese día por el Estado de las clases dominantes, no pasen en blanco, como les gusta blanquear las paredes y la historia a los asesinos del pueblo.
Eran tiempos violentos, de represión y a la vez de lucha y resistencia. Los estudiantes de las universidades públicas venían ya con una larga tradición confrontando a las fuerzas del orden burgués, especialmente al Ejército Nacional y a la Policía que, con armas de fuego, acostumbraban reprimir las manifestaciones estudiantiles. Por ejemplo, el 8 de junio de 1928 fue asesinado el estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, el ipialeño Gonzalo Bravo Pérez por una bala de la Policía; el 8 de junio de 1954 el estudiante aranzazuno Uriel Gutiérrez Restrepo fue asesinado a manos de la Policía en la misma universidad, mientras conmemoraban con otros estudiantes el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez y que el 9 de junio escalaría a 11 estudiantes asesinados por el Batallón Colombia del Ejército (que regresaba de la guerra de Corea), hechos que dieron origen al Dia del Estudiante Revolucionario o Caído en el país; importante, mencionar la masacre del 26 de febrero de 1971 en Cali contra 15 estudiantes de la Universidad del Valle, de universidades privadas y colegios públicos de la ciudad cometida por la Policía y el Ejército conjuntamente. Con ese historial de crímenes de Estado cometidos por la Policía, el Ejército o por el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre otros organismos de inteligencia, llega el año de 1984.
Belisario Betancur, presidente de la época, había decretado el estado de sitio -o militarización completa- en el país desde mayo de ese año por el asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. El 16 de mayo de ese mismo año, se presentó un acto político cultural en la Plaza Che de la Universidad Nacional, que luego trascendió a una pedrea callejera en contra del asesinato en Cali de Jesús “Chucho” Humberto León Patiño, presidente de Cooperación Estudiantil, el 9 de mayo de ese año y del profesor universitario Luis Armando Muñoz González. Los enfrentamientos fueron escalando y la Policía, el GOES y el F-2 de inteligencia ingresan al campus universitario -muchos de ellos sin identificación- y como narra el periódico de la época Corriente Alterna, «Mientras estaban por los lados de ingeniería se empieza a escuchar disparos, salen a ver, hay policías y militares, atacando y arrastrando a los estudiantes, a disparos y patadas, muchos de los estudiantes fueron raptados y metidos en camionetas.»
Disparan por la espalda contra los estudiantes, como fue el caso de Yesid Bazurto, a quien al caer le dispararon en el rostro pero que es un sobreviviente de esta masacre; entraron a romper el mobiliario de los salones; las residencias estudiantiles -especialmente la parte donde vivían las mujeres- son invadidas y destruyen las pertenencias de los estudiantes que llegaron de diferentes regiones del país a estudiar a la capital; detienen arbitrariamente a mujeres, y en general a 81 personas dentro y fuera de la Universidad -70 hombres y 11 mujeres-, a los que les cubrieron sus cabezas con capuchas del M-19 elaboradas por la Policía y mientras los trasladaban a sitios sin determinar, fueron golpeadas; es de destacar que muchas de las detenidas sufrieron violencia sexual. Los heridos y asesinados fueron sacados a rastras por los policías hacia un destino incierto con el fin de impedir su identificación. Algunos heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales eran buscados por la Policía en las habitaciones de los centros médicos para detenerlos y golpearlos. Después de los hechos, la Universidad es cerrada casi un año después de que el rector, Fernando Sánchez Torres renunciara.
Todos estos hechos macabros, en los que los aparatos represivos del Estado actuaron coordinadamente contra el movimiento estudiantil, dificultan la identificación de los desaparecidos y asesinados, así como de los heridos, detenidos y abusadas sexualmente. La burguesía y sus medios de comunicación negaron los hechos, y lo califican de «mito». Un sobreviviente narra que el GOES de la Policía disparó contra todo lo que se movía en la Universidad Nacional y después de desocuparla, sólo quedaron las fuerzas represivas adentro con la libertad de mover los cadáveres y rematar a los heridos. No existían las cámaras de vigilancia -que igualmente manipulan los poderosos- ni los celulares que hoy convierten en periodista popular a cualquier persona del pueblo que quiera denunciar un atropello. Al igual que la Masacre de las Bananeras o de los 6402 asesinados por el Ejército durante el régimen de Uribe, la burguesía y los terratenientes niegan los hechos, los tratan de «mitos» y piden las pruebas. Los sobrevivientes de esta masacre son la prueba viviente de que el Estado sí accionó sus armas contra los estudiantes desarmados. Los familiares de los asesinados y desaparecidos gritan a todas voces que sus hijos, sus nietas, sus hermanos, no solo murieron, sino que fueron asesinados por el pilar central del Estado, las fuerzas armadas legales e ilegales y en concreto, fueron víctimas de la Policía Nacional.
Reconocemos y recomendamos el trabajo hecho por Enjambre Libros Colectivos, Archivos del Búho y la Corporación de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria (CESYCME), que publicaron en mayo de 2021 el trabajo «Reventando Silencios – Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional de Colombia», un trabajo de investigación muy completo sobre esta masacre y en el que nos apoyamos -entre otras fuentes- para realizar este artículo.
No perdonamos estos crímenes de Estado. No olvidamos a los muertos y desaparecidos del 16 de mayo. Reivindicamos todo tipo de actos culturales, académicos y de confrontación que se hagan para exaltar la memoria de las víctimas. Esta es una nueva muestra de que el podrido Estado burgués terrateniente debe ser destruido por medio de la violencia revolucionaria de las masas. Los esbirros del orden de los capitalistas no perdonan, sus asesinas instituciones armadas tampoco pueden ser perdonadas por el odio de clase de los obreros y campesinos. Es necesario restaurar el Partido político del proletariado en Colombia, que dirija al Ejército del Pueblo contra los enemigos de los desposeídos. La política de conciliación y concertación entre clases antagónicas sólo traen más víctimas para las masas trabajadoras. Es hora de ir a la ofensiva a la vez que acumulamos fuerzas y nos organizamos para las grandes luchas que están por llegar. ¡No olvidamos, no perdonamos!
¡Por nuestros muertos y desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate!
