El Supremo Tribunal Federal (STF) programó las audiencias para escuchar a 15 deponentes designados por el equipo jurídico del exmandatario (2019-2022).
Figuran entre ellos personalidades destacadas del entorno político y militar de Bolsonaro, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, el ex vicepresidente y senador Hamilton Mourão, el timonel del Partido Liberal, Valdemar Costa, y exministros como Paulo Guedes (Economía) y Ciro Nogueira (Casa Civil).
Las declaraciones forman parte de la fase de instrucción criminal del proceso, que se desarrolla entre el 19 de mayo y el 2 de junio.
Durante este período, se prevé la toma de testimonios de un total de 82 personas, incluyendo altos mandos militares, exministros, policías y funcionarios nominados por la Fiscalía General y las defensas de los acusados.
Tales sesiones se realizan bajo estrictas medidas de confidencialidad.
Según el Código de Proceso Penal brasileño, las declaraciones no serán transmitidas públicamente ni podrán ser grabadas, con el objetivo de preservar la integridad del proceso.
El juicio que involucra a Bolsonaro y a siete de sus colaboradores se basa en pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, incluyendo un borrador de decreto para declarar el Estado de Sitio y la confesión de su exayudante, el teniente coronel Mauro Cid.
Los inculpados enfrentan cargos por tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, organización criminal armada y otros delitos graves.
Se espera que, una vez concluida la fase de instrucción, el STF defina las fechas para los interrogatorios de los imputados y la presentación de los alegatos finales de acusación y defensa. La sentencia podría emitirse entre septiembre y octubre.
Este proceso judicial es considerado uno de los más significativos en la historia reciente de Brasil, dado su impacto en la estabilidad democrática del país y en el futuro político de Bolsonaro, ya inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral.
De ser condenado por delitos graves contra el Estado democrático y como instigador y líder golpista, el político ultraderechista puede acarrear penas de hasta 30 años de prisión.
Si se comprueba que el excapitán del Ejército coordinó acciones con militares activos o en la reserva, podría fracturarse la relación entre las Fuerzas Armadas y los sectores partidarios del exgobernante.
Analistas consideran que el juicio podría marcar el fin del bolsonarismo (adeptos del expresidente) como fuerza central de la derecha brasileña.
