«Desde mi punto de vista, no existe justificación para ese privilegio», por lo que ordenó que se transforme en una cárcel común, «que permita segregar a personas según los requerimientos de gendarmería», según refirió en un informe presentado frente al Congreso de la nación sudamericana.
Asimismo, Boric subrayó que el penal, construido en 1995, tiene mejores condiciones para sus reos que el resto de las cárceles. En él, están al menos un centenar de exmilitares de la dictadura chilena.
«Tal como hiciera el presidente [Sebastián] Piñera al cerrar el penal Cordillera, hoy día estamos poniendo fin a Punta Peuco tal como se le ha conocido. Porque no es solamente una medida de justicia, sino también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario», puntualizó.
Posteriormente, el ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, detalló que los exmilitares que la decisión de quienes «se quedan [en ese recinto] y quiénes serán trasladados a otros lugares» será una resolución «técnica de la gendarmería de Chile».
Si bien el presidente chileno anunció esta disposición, no es la primera vez que se busca transformar Punta Peuco.
Durante el Gobierno de la exmandataria Michelle Bachelet (2014-2018), se intentó clausurar esa cárcel, pero el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, se negó a cumplir la medida, aludiendo presuntos errores legales.
Esta insistencia para clausurar o modificar el penal se mantuvo durante años, especialmente por parte de los legisladores chilenos.
Según cifras oficiales, durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.
