El pueblo panameño, que rechaza una reforma a la ley de seguridad social y megaproyectos extractivistas, se enfrenta a diario al hostigamiento gubernamental y a la represión policial. Ayer, una confrontación entre policías e indígenas dejó varios heridos en la comunidad indígena de Arimae, provincia de Darién.
En la comunidad que son Tierras colectivo Embera Wounnan, un rancho fue incendiado durante los enfrentamientos y entre los heridos había tanto manifestantes como agentes del orden. El ataque policíaco ocurrió luego de que los manifestantes cerraran algunas vías en Arimae y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) intentara reabrirlas.
Olmedo Carrasquilla, codirector de Radio Temblor, denunció la creciente represión contra la movilización social: “La protesta social está siendo criminalizada y reprimida. Ya hay varios heridos, personas detenidas, cancelación de personerías jurídicas, hostigamiento, persecución, campañas de desprestigio y de odio, sumado a un vergonzoso cerco mediático”, alertó. Hasta el momento, el gobierno no ha mostrado ningún tipo de apertura al diálogo.
Por su parte, el antropólogo y activista Kevin Sánchez Saavedra afirma que “hay que decirlo sin ambigüedades: el conflicto no está en quienes protestan, sino en lo que denuncia su protesta”. Reitera que el conflicto está en la imposición de la Ley N° 462, en el intento de reactivar la mina que el pueblo frenó en las calles, en el memorándum de entendimiento que ignora la soberana voluntad popular, y en la amenaza de convertir río Indio en un embalse a servicio del gran capital.
“Ahí está la raíz del descontento: en una democracia que escucha más a las empresas que a su gente”, escribe Sánchez Saavedra en su análisis para Radio Temblor.
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