“Los Ángeles es la maquila del sueño americano: promete Hollywood y sirve desahucios”, escribió el historiador Mike Davis. Y, efectivamente, mientras la maquinaria del entretenimiento hollywoodiense vende fantasías de riqueza, en los barrios obreros se multiplica la precariedad. Es así como se explica la actual rebelión popular: lejos de ser un episodio aislado, nace de ese abismo social cada vez más ancho entre los enclaves de lujo y las comunidades empobrecidas de la urbe.
Los Ángeles encarna muchas de las contradicciones del capitalismo estadounidense. Es al mismo tiempo hogar de fortunas obscenas y de una de las mayores poblaciones de sin techo del país. Además, en las últimas décadas Los Ángeles ha sufrido un proceso agresivo de gentrificación, por lo que barrios tradicionalmente obreros y “chicanos” han visto subir los alquileres astronómicamente o han sido desalojados para proyectos inmobiliarios, desplazando a miles de familias trabajadoras. La expulsión de los pobres libera espacios para nuevos negocios y especulación inmobiliaria. Mientras se deporta a trabajadores indocumentados acusados de “invadir” el país, se aplaude a los grandes capitales extranjeros que invaden (ellos sí) los vecindarios vía inversiones para crear urbanizaciones de lujo.
Miles de personas han tomado las calles de Los Ángeles desde comienzos de mes, en rechazo a unas redadas migratorias masivas por parte del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Los abusivos operativos de deportación en barrios latinos del área metropolitana –desde una fábrica textil en el centro hasta un aparcamiento de Home Depot en Paramount– dejaron decenas de detenidos el 6 de junio. Esa fue la mecha. Pero, en realidad, solo se estaba manifestando la indignación acumulada por años de desigualdad estructural, racismo institucional y violencia policial. Los operativos del ICE en centros de trabajo y vecindarios migrantes han establecido un estado de excepción racial donde los derechos básicos de amplios sectores populares quedan en suspenso por motivos étnicos. La meta delirante fijada por Washington implica detener a 3.000 personas al día. Esta campaña del terror siembra pánico en comunidades que llevan décadas asentadas en la ciudad y contribuyendo a su economía. Tal es el verdadero objetivo de la campaña: no echar a los inmigrantes, sino tenerlos asustados para que acepten condiciones laborales de semiesclavitud.
La población latina está luchando heroicamente para enfrentar esta deriva autoritaria, consciente de que la alternativa es la sumisión absoluta, mientras agentes migratorios, obligados a cumplir cuotas de detención, ascienden en su carrera inmoral. Cazar inmigrantes se recompensa profesionalmente, como en los tiempos de la Gestapo. En respuesta, las calles han sido tomadas por la comunidad latina y chicana de Los Ángeles, golpeada directamente por las redadas y consciente de la injusticia histórica. California fue territorio mexicano antes de ser anexado por el ejército de los Estados Unidos; hoy, muchos descendientes de aquellos habitantes originarios son expulsados de su propia tierra, convertidos en “amenazantes extranjeros” en la ciudad de sus propios antepasados.
La respuesta del Estado ha sido la esperable: una represión militarizada sin precedentes en los últimos tiempos, con efectivos de la Guardia Nacional y los Marines desplegados por orden presidencial para sofocar al “enemigo interior”. Asistimos a una criminalización generalizada de la protesta, con gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias contra manifestantes indefensos. En solo tres días de movilizaciones, más de 600 personas han sido arrestadas en todo el país –378 solo en Los Ángeles–, en una oleada represiva salvaje que, de suceder en Cuba o Venezuela, haría hasta al último tertuliano de la televisión hablar de “dictadura”. Las calles angelinas, militarizadas y bajo toque de queda nocturno, viven en un régimen de excepción de facto.
Así, lejos de atender las raíces del malestar social, el Gobierno oligárquico de Trump (fiel continuador de las políticas del anterior ejecutivo de Biden) ha optado por militarizar la respuesta. El viernes 7 de junio, Trump ordenó vía Twitter el envío inmediato de tropas federales a Los Ángeles con la promesa de “restablecer el orden” y expulsar a los indocumentados, jactándose de que la ciudad sería “liberada”. En cuestión de horas, 2.000 efectivos de la Guardia Nacional se desplegaron en la urbe, ocupando espacios públicos clave, sin ninguna solicitud ni autorización de las autoridades estatales o locales. Para el lunes siguiente, el contingente se había duplicado a 4.000 guardias, apoyados además por 700 infantes de Marina enviados desde el Pentágono. El mensaje político es contundente: Washington, naturalmente, está dispuesto a saltarse la legalidad en aras de imponer los privilegios de la clase dominante.
Trump activó el Título 10 del Código Federal, una disposición que habilita la movilización de tropas bajo ciertas “circunstancias excepcionales”. En la práctica, ha federalizado a la Guardia Nacional californiana sin permiso local, algo que usualmente solo ocurriría usando la Ley de Insurrección o ante rebeliones armadas. El presidente magnate insinúa que podría dar el paso de invocar explícitamente dicha ley si las protestas se extienden. Una peligrosa lógica militar en la gestión de un conflicto político interno; una suerte de “ley marcial” no declarada abiertamente, pero palpable en las calles, donde soldados armados patrullan junto a la policía local, subvirtiendo la tradición “de tiempos de paz” de mantener a los militares al margen de las tareas policiales domésticas.
La última vez que Los Ángeles vio tanques en sus calles fue en 1992, tras la revuelta por la absolución de los policías que apalearon a Rodney King. Ahora está volviendo a pasar: policías y agentes federales aplican tácticas de guerra sobre poblaciones civiles. El propio Trump ha llamado “invasión extranjera” a la protesta de Los Ángeles, tildando a sus participantes de “alborotadores que enarbolan banderas extranjeras”. En un discurso ante tropas del ejército, ha llegado a delirar sosteniendo que “generaciones de héroes no derramaron su sangre en costas lejanas solo para ver cómo nuestro país era destruido por la invasión y la anarquía tercermundista aquí en casa”. Esta retórica lo deja claro: el enemigo que antes se buscaba en tierras lejanas ahora se fabrica dentro de las fronteras, encontrándose en el pueblo más precarizado y empobrecido.
El Estado reprime internamente con la misma brutalidad con que interviene externamente, porque en el fondo persigue el mismo objetivo en ambos frentes: mantener un orden desigual mediante la fuerza. El ICE y la policía local actúan como fuerzas de ocupación en barrios populares, del mismo modo que el ejército actúa en países ocupados. Las poblaciones migrantes son tratadas como una población subyugada a la que se puede controlar, desplazar o encerrar a voluntad.
La explosión de rabia en Los Ángeles es, en última instancia, un síntoma de la decadencia estructural del imperialismo estadounidense, cada vez más superado por el socialismo chino. Pero, aunque el imperio pretenda morir matando, la esperanza resurge precisamente en la resistencia de su propio pueblo. La solidaridad comunitaria, así como las protestas en Nueva York, San Francisco y otras ciudades en apoyo a Los Ángeles, recuerdan que la batalla no está decidida. La revuelta de Los Ángeles es un grito en contra de la “anarquía tercermundista” de la que hablaba Trump, aunque no es el pueblo quien la trae, sino un capitalismo moribundo que, de hecho, empuja al pueblo a levantarse. En cada barricada, en cada consigna de justicia social, en cada bandera mexicana ondeando frente a la Guardia Nacional, se manifiesta objetivamente (lo sepan o no sus protagonistas) una protesta antioligárquica. Los Ángeles 2025 quedará en la historia como un síntoma y a la vez como un llamado: el síntoma de un orden imperial que se tambalea, y el llamado a construir algo nuevo sobre sus ruinas antes de que solo queden maquilas, desahucios y misiles.
