En una victoria para la administración republicana, el máximo tribunal de tendencia conservadora se inclinó 6-3 a favor de anular una orden de un tribunal inferior que impedía esas deportaciones sin antes dar a los afectados el derecho a defenderse en cortes.
Las juezas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon de la decisión sobre la decisión finalmente tomada.
Al referirse a ello, en una opinión disidente, Sotomayor acusó al gobierno federal de «conducta flagrantemente ilegal».
«El gobierno ha dejado claro con palabras y hechos que se siente libre de toda restricción legal y libre de deportar a cualquier persona a cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado», escribió, respaldada por Kagan y Jackson.
En los últimos meses el Gobierno de Trump empezó la búsqueda de países para sus deportaciones masivas y entre los lugares visualizó naciones de África como Angola, Benín, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Libia y Ruanda y en Europa, Moldavia.
El Gobierno federal negoció acuerdos con varios países latinoamericanos dispuestos a ello. En febrero, Estados Unidos deportó a cientos de migrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá.
Un mes después, en marzo, fueron expulsados más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, a una megacárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Guatemala también accedió a la llegada de migrantes de terceros países deportados desde aquí y también México lo hizo, pero en virtud de un acuerdo previo al segundo mandato de Trump.
