Las protestas, que comenzaron hace ocho meses tras una tragedia en Novi Sad, en la cual una marquesina de hormigón se derrumbó en una estación de ferrocarril, y provocó la muerte de a 16 personas en 2024, fueron señaladas este sábado como un llamado a la «guerra civil» por parte de l presidenta del Parlamento de Serbia, Ana Brnabic.
Las manifestaciones de este sábado fueron reprimidos por la policía y las autoridades justifican el accionar en las consignas radicales y un ultimátum para forzar elecciones anticipadas de parte de los movilizados.
En tanto, el oficialismo acusa a los organizadores de buscar una «revolución de colores» con apoyo extranjero.
Lo que inició como un movimiento de indignación por el colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad mutó en una crisis política prolongada impulsada por estudiantes y grupos opositores, agrupados bajo el lema «Justicia para Novi Sad». Las manifestaciones incluyen tomas de universidades y bloqueos de calles exigiendo responsabilidades y reformas.
Sin embargo, en la actualidad las protestas directamente reclaman la renuncia del presidente Aleksandar Vucic, elecciones parlamentarias anticipadas y el fin de lo que describen como un gobierno autoritario.
El sábado 28 de junio, una multitud de 36.000 personas —según cifras oficiales— se congregó en Belgrado, donde lanzaron petardos, botellas y antorchas contra la policía. La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó gas lacrimógeno y cañones de agua, con al menos siete detenidos. Horas antes, expiró el ultimátum de la oposición para que el Gobierno aceptara sus exigencias.
La presidenta Brnabic tildó las protestas de «llamado monstruoso a la guerra civil», en base a consignas grabadas en videos que circulan en redes sociales. «Terminaron con un escalofriante llamamiento al asesinato de Serbia», escribió en X (antes Twitter). Por su parte, el ministro del Interior, Ivica Dacic, condenó los ataques a agentes y prometió «restablecer el orden».
Revolución de colores
El Gobierno serbio insiste en que las protestas son orquestadas por actores externos. Vucic ha afirmado que en la última década se invirtieron «3.000 millones de euros desde el extranjero» para desestabilizar su administración.
El mandatario señaló a organizaciones no gubernamentales y medios internacionales como impulsores de una «revolución de colores» —una estrategia de cambio de régimen asociada a movimientos en Europa del Este—.
Mientras, la oposición y los estudiantes niegan estas acusaciones. «No somos marionetas; estamos hartos de corrupción y negligencia», declaró un portavoz estudiantil a medios locales. La Fiscalía ya imputó al exministro de Infraestructura Goran Vesic y a otros 12 funcionarios por el derrumbe en Novi Sad, pero los manifestantes exigen más acciones y transparencia.
Vucic, en un intento por calmar los ánimos, pidió «paz y diálogo», pero descartó adelantar elecciones antes de 2026-2027. Mientras, la oposición promete intensificar las movilizaciones. El riesgo ahora es que la polarización ahogue las salidas institucionales. Si las protestas persisten y la represión se endurece, Serbia podría enfrentar una crisis mayor.
